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poder, etc.
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   Capítulo 15. La sociedad utilitaria-productiva. Este capítulo lo dedicamos a la enumeración de las leyes mínimas básicas para la protección de la sociedad utilitaria-productiva. Pero antes de entrar en el tema, serán necesarias algunos análisis y reflexiones previas sobre la sociedad utilitaria en general y sobre la sociedad utilitaria-productiva en particular. A lo largo de este trabajo, hemos definido ya dos veces y de manera diferente, la sociedad utilitaria. Efectivamente, desde un punto de vista estrictamente operativo, hemos visto en el capítulo 9 que podíamos definir la sociedad utilitaria o mercado como «el conjunto de todos los libres cambios elementales». Y desde un punto de vista mucho mas amplio, hemos visto en el capítulo 10 que la sociedad utilitaria podía considerarse como «el conjunto formado por:
Es en este segundo punto de vista que nos situaremos ahora. También podemos hacer, siguiendo estos dos puntos de vista, una partición de la sociedad utilitaria; y diremos que, desde el primer punto de vista, la sociedad utilitaria o mercado se compone de dos ciclos: el ciclo de la producción y el ciclo del consumo (ver capítulo 9); y desde el segundo, la sociedad utilitaria se compone de dos subsociedades: la sociedad utilitaria-productiva y la sociedad utilitaria-consumidora. Por sociedad utilitaria-productiva entendemos, simplificando, «el conjunto de personas, mercaderías e interrelaciones monetarias, implicadas en procesos de producción»; y por sociedad utilitaria-consumidora, igualmente, «el conjunto de personas, mercaderías e interrelaciones monetarias, implicadas en procesos de consumo». Por lo que hace referencia a las personas que la componen, hemos de remarcar que así como la sociedad utilitaria-productiva es limitada en su número y solo comprende estrictamente los llamados «profesionales utilitarios», la sociedad utilitaria-consumidora es de ámbito global, es totalizadora, ya que comprende la totalidad de los miembros del imperio, porque todos necesitan y tienen derecho a, consumir: los profesionales utilitarios (dichos en tanto que consumidores, «productores-consumidores»), los profesionales liberales, los individuos sin profesión, las familias, las instituciones liberales, las libres asociaciones de ciudadanos...(todos los últimos, dichos «simples consumidores», porque participan en los procesos de consumo, pero no en los de producción). 2. Reflexiones sobre la sociedad utilitaria. Tradicionalmente, la sociedad utilitaria, tanto la productiva como la consumidora, ha funcionado según los principios de libre iniciativa particular, libre propiedad privada y libre competencia. Efectivamente, la libre iniciativa privada, la libre propiedad privada de las personas sobre las mercaderías producidas (que son cosas) y la libre competencia entre empresas (que son personas) en el campo de la producción y entre consumidores (que también son personas) en el campo del consumo, constituyen los motores mas dinámicos, agilizadores y fecundos del mercado. Y esto porqué los agentes privados del mercado, tanto los productores como los consumidores, se mueven tradicionalmente con la finalidad, si no única cuando menos principal, de obtener siempre, en cada cambio monetario elemental, el máximo y óptimo beneficio, concreto y monetario. Sin este estímulo, la sociedad utilitaria languidece. Nosotros queremos continuar y perfeccionar, asegurar y potenciar al máximo y de manera óptima, estas tradicionales libertad, privacidad y competencia, a fin de favorecer una mayor y mejor producción, al mismo tiempo que un consumo cada día mas en armonía y comunión ecológica con la naturaleza. El motivo es que, si bien toda la riqueza, productiva y de consumo, generada por el mercado, es secularmente privada, es también, a su vez, esta riqueza privada la que garantiza la posibilidad de una riqueza comunitaria expresada en forma de una masa monetaria comunitaria, como hemos visto en el capítulo anterior. Nos interesa pues el favorecer primordialmente, en la sociedad utilitaria, la generación de riqueza privada, porque es un hecho positivo por si mismo; pero también y por encima de todo, porque es potenciando la generación de riqueza privada, que favoreceremos el surgimiento de riqueza comunitaria. A partir de ahora, pues, veremos como hay que proteger la sociedad utilitaria en tanto que generadora de riqueza privada; y en este capítulo nos ocuparemos, específicamente, de la sociedad utilitaria-productiva. 3. Dinámica propia de la sociedad utilitaria-productiva. La sociedad utilitaria-productiva se dedica a la producción de mercaderías no-finitas, algunas de las cuales se convertirán en finitas al pasar a la sociedad utilitaria-consumidora (ver el análisis de los ciclos y subciclos mercantiles efectuada en el capítulo 8). Para realizar esta tarea, la sociedad utilitaria-productiva combina diversos elementos en el seno de la unidad de producción que es la empresa. Estos elementos son de dos clases:
El resultado de la conjunción de todos estos factores, activos y pasivos, de producción, es la producción de nuevas mercaderías no finitas, producción que será máxima y óptima si la organización empresarial es inteligente, eficaz y satisfactoria para todos los agentes implicados. Es a través de las remuneraciones salariales-privadas a los agentes de producción, que las mercaderías producidas no finitas, pero finibles, pasan finalmente al ciclo del consumo, a la sociedad utilitaria-consumidora, finalizando así y cerrando (si mas no parcialmente22), el ciclo de la producción, los procesos de la sociedad utilitaria-productiva: efectivamente, es el poder de compra generado por estas remuneraciones salariales que permite realizar el consumo. Así pues, es el consumo el que da sentido a la producción: el final y la finalidad últimos de la sociedad utilitaria-productiva, es la sociedad utilitaria-consumidora: ella le da sentido humanista de cara al servicio de las personas, -ya que, como hemos dicho, el consumo es una necesidad de todo ser humano-. 4. Responsabilización de todo acto monetario en la sociedad utilitaria-productiva. Lo que hemos dicho antes respecto a la sociedad utilitaria en general, lo repetimos ahora respecto a la sociedad utilitaria-productiva: queremos protegerla y favorecerla, en sus tradicionales libertad, privacidad y competitividad, porque el aumento de riqueza privada producida representa, al mismo tiempo, el aumento de la riqueza comunitaria. Ahora bien, antes de entrar a precisar con algún detalle las leyes mínimas de protección de la sociedad utilitaria-productiva, queremos recordar un principio fundamental que las ha de informar. Se trata del principio de la plena responsabilización personal (individual o/y colectiva) de todo libre acto mercante-monetario, desde la primera compra elemental, hasta la última venta elemental. Esta es la otra cara de toda libertad personal que no se quiera libertinaje irresponsable. Como ya sabemos, asegurar la total responsabilización de cualquier acto que implique el uso del instrumento monetario, es cosa fácil, a través de la obligatoriedad legal de utilizar, en todos los casos, la factura-cheque pro-telemática. En función, pues, de las leyes mínimas que se establecerán y del principio de responsabilización que acabamos de mencionar, se crearán unos Tribunales Económicos Especializados en cada aspecto de la vida utilitaria-productiva y a cada nivel territorial de las diferentes Autoridades y Autonomías locales (barrio..., municipio..., comarca..., etnia..., interetnia..., imperio). Los jueces de instrucción de estos tribunales estarán plenamente documentados, en cada caso concreto, en todo lo referente a transacciones monetarias, gracias al acceso al archivo telemático de facturas-cheque -que, como sabemos, estará exclusivamente confiado a la Justicia-. A toda esta documentación antejusticial, se añadirá toda la documentación pro-justicial, que es la obtenida por la actuación del juez; así, los Tribunales Económicos Especializados podrán juzgar contradictoriamente con rapidez, eficacia, imparcialidad y serenidad, cualquier conflicto entre partes contratantes y cualquier delito o crimen antimercantil. 5. Leyes mínimas de protección a la sociedad utilitaria-productiva. Examinaremos a continuación como estructurar la protección legal de todas las concretas libertades personales en la sociedad utilitaria-productiva. Esta protección se ha de extender a todas y cada una de las personas de esta sociedad: tanto a las empresas, como a cada uno de sus colaboradores: trabajadores, capitalistas, empresarios e inventores. Protección de la empresa. La finalidad última que perseguimos es la de convertir la empresa en una colectividad internamente solidaria de todos los agentes de producción que allí colaboran: espíritu y equipo de empresa eficaz, capitalistas inversores, inventores prácticos y trabajadores competentes. Es lo que llamamos «autogestión de empresa», entendida como gestión directa de la empresa por parte de todos sus colaboradores, verdadera democracia intraempresarial cercana y directa, diálogo permanente entre empresario y colaboradores. Ahora bien, el camino hacia una plena autogestión empresarial es largo y difícil; mientras no se haya podido llegar, se aplicarán a las empresas las leyes mínimas siguientes:
Todas las empresas utilitarias habrán de inscribirse, obligatoriamente, en gremios (subgremios, intergremios...), según su especialización productiva. Todo y que la función de los gremios será la defensa de los intereses utilitarios de las empresas en ellos inscritas, estos gremios se constituirán en instituciones de estatuto liberal, financiadas pues por la comunidad geopolítica: ya que, a la larga, la protección de los intereses de las empresas como conjunto ha de redundar en beneficio de todos los consumidores de la comunidad. A fin de que nadie no confunda esta organización gremial con un corporativismo anacrónico y desfasado, cerrado y antilibertario, digamos que los colaboradores liberales de los gremios no serán funcionarios ni «burrócratas» contratados de por vida, sino que habrán de estar elegidos, dentro de su propia categoría profesional-utilitaria, por sus iguales y solo por un mandato relativamente corto (entre 4 y 7 años); en ningún caso, no podrán ser reelegidos antes que no haya transcurrido, como mínimo, 4 años desde su cese. La primera tarea que habrán de realizar todos y cada uno de los gremios (subgremios, intergremios...) constituidos, será la de elaborar un arancel completo de todas las mercaderías producidas por las empresas inscritas en ellos; cada mercadería se especificará, con la máxima precisión, según cualidad y cantidad. Una vez establecido este arancel, cada gremio -basándose en las leyes mínimas de las Autoridades y Autonomías de rango superior, las cuales, a su vez, se basarán en las leyes mínimas legisladas por el Estado- establecerá leyes mínimas internas sobre precios mínimos de coste y margen mínimo de beneficio empresarial para cada una de las mercaderías bien especificadas en el arancel. de la combinación de estos dos mínimos resulta, evidentemente, un tercer mínimo, que es el precio de venta mínimo legal para cada mercadería producida. Esta legislación mínima sobre precios de venta implica, por una parte, la obligación que tiene toda empresa de hacer beneficios, si es eficaz y competente: para esto están la empresas y esto es lo que produce riqueza mercantil. Por otra parte, la prohibición de ventas por debajo del precio de venta mínimo constituye la mejor defensa contra cualquier intento de monopolio o oligopolio: efectivamente, estos aplastan deslealmente la competencia a base de ventas por debajo del precio de coste, durante todo el tiempo preciso, para después -cuando ya los competidores han sido eliminados- aumentar los precios sin medida razonable, haciendo pagar caras al consumidor las pérdidas sufridas anteriormente. Tanto los aranceles como los precios mínimos de coste serán continuamente perfeccionados y puestos al día por los gremios. También sobre la base de las leyes mínimas de cada Autoridad y Autonomía cívica de rango superior -basadas estas en las leyes mínimas del Estado-, cada gremio (subgremio, intergremio...) establecerá leyes interiores mínimas sobre las condiciones materiales y sociales que han de presidir la producción de cada mercadería concreta, con el objeto de que sean respetados al máximo y de manera óptima los entornos físicos, ecológicos, sociales..., de cada acto de producción. La actual publicidad de empresa será radicalmente suprimida: este tipo de publicidad es, siempre, un instrumento de engaño del comprador y de competencia desleal entre empresas -ya que solo las más potentes pueden desprenderse de las enormes cantidades que hoy se gastan en publicidad estúpida e idiotizadora-. La publicidad por empresa se sustituirá, pues, por un sistema de publicidad gremial (subgremial, intergremial...) que tendrá por objeto de proporcionar al público comprador, a todo posible cliente, la máxima y óptima información técnica sobre cada mercadería puesta a la venta. Cada gremio elaborará unos listados que -sin descuidar la parte agradable que toda publicidad ha de tener- darán, producto por producto, la lista de todas las empresas que lo produzcan, con sus características peculiares; las ventajas e inconvenientes de cada cualidad precisada por el arancel; y el precio correspondiente por cada empresa, cualidad y cantidad. La consulta de esta publicidad será totalmente gratuita, así como también lo será cualquier consulta más a fondo que quiera hacer cualquier persona en los archivos técnicos del gremio. El progreso tecnológico actual suprime continuamente puestos de trabajo, directamente en cada empresa o indirectamente en cada mercado considerado; las inversiones empresariales importantes, en lugar de constituir una solución a este problema, comportan cada vez mas reducciones correlativas de los puestos de trabajo. Es evidente, pues, que con el actual horario legal de trabajo no hay modo alguno de aumentar los puestos de trabajo; no hay otra solución razonable que la de reducir, de forma drástica, este horario legal, de manera que las empresas se vean obligadas a contratar mas personal para mantener su ritmo productivo. Nosotros proponemos la reducción del horario legal de trabajo semanal, de 40 a 20 horas y evidentemente, sin que los salarios pagados actualmente disminuyan en modo alguno. A fin de que las empresas puedan soportar esta drástica reducción, se dará un plan financiero según el cual la comunidad geopolítica se hará cargo, cada año, de un porcentaje de la nómina de cada empresa, porcentaje que irá reduciéndose progresivamente hasta llegado el momento en que las empresas puedan hacerse cargo autónomamente de la totalidad de las remuneraciones a su personal. Esta solución tiene la importante ventaja, si se aplica en una sociedad sin factura-cheque, de suprimir instantáneamente todo el mercado empresarial sumergido. Finalmente, hay que preparar el terreno para una progresiva autogestión empresarial. Como ya hemos señalado anteriormente, llegar a una autogestión completa -que comporta la participación de todos los colaboradores de la empresa, tanto en su gestión como en su capital y en sus beneficios- no es posible si no es a través de una larga etapa preparatoría, de educación de mentalidades y actitudes. Por este motivo, proponemos un sistema de transición lenta y voluntaria hacia una plena autogestión empresarial. Llamaremos empresas pro-autogestionarias aquellas empresas que, libremente, quieran seguir este proceso de transformación. Las empresas que se constituyan como a pro-autogestionarias estarán obligadas por ley a entregar a cada uno de sus asalariados, como mínimo, una acción por mes; a fin de que esto no constituya una desventaja frente a empresas no pro-autogestionarias, estas estarán obligadas a entregar a sus asalariados el equivalente a una acción en dinero líquido. En las empresas pro-autogestionarias, las acciones del personal se sindicarán en un comité de empresa constituido según ley. En el momento en que el conjunto del personal de una empresa posea mas del 50% de su capital y goce de mas del 50% de derechos y responsabilidades efectivos en el seno de la empresa, se la considerará ya autogestionaria y la ley ya no intervendrá mas a estos efectos. Las empresas que, por el proceso descrito, lleguen a ser autogestionarias y las que ya nazcan como tales, gozarán de líneas preferenciales de créditos comunitarios a la inversión -siempre y cuando reúnan los requisitos de eficacia productiva exigidos por la ley-. Todas las empresas -sean o no pro-autogestionarias o autogestionarias- tendrán un Comité laboral; además, las empresas pro-autogestionarias y autogestionarias tendrán un Comité de sindicatura de las acciones y un Organismo de autogestión. Los miembros de todos estos comités y organismos serán de estatuto liberal durante todo el tiempo que dure su mandato. Serán escogidos por sus iguales por un período de 4 años y no podrán ser reelegidos antes de que hayan transcurrido otros 4 años desde su cese, excepto en el Comité laboral, en que no podrá haber reelecciones hasta que la totalidad de los miembros del personal haya pasado por allí. A la finalización de su mandato, cada uno de los miembros de estos comites se reintegrará al personal de la empresa.
Las empresas no son centros de beneficencia; en una empresa el criterio que prima es el de la optimización y maximización de la producción. Y si según este criterio, una empresa tiene exceso de personal, debe poder descontratarlo libremente, así como ha de poder contratarlo libremente siempre que lo precise. En caso de descontratación, la empresa solo habrá de pagar al trabajador la parte del salario mensual que corresponda a los días trabajados hasta la fecha de despido, mas 30 días; inmediatamente, el trabajador podrá cobrar el salario de solidaridad social por paro forzoso por la parte del mes restante y seguir cobrándolo indefinidamente. También por parte de cada trabajador, contratación y descontratación han de ser totalmente libres. En el capítulo anterior hemos hablado de las condiciones de este tipo de crédito. Digamos tan solo ahora, que convendrán especialmente a los candidatos a empresarios con buenas ideas pero sin capital suficiente para poner en marcha sus proyectos. El impuesto único de un porcentaje fijo sobre cada factura-cheque firmada, es una de las ventajas mas importantes que damos a las empresas, que son hoy día acosadas por impuestos de todo tipo, que desembocan necesariamente en la retirada del empresario, o en la empresa subterranea. Además, al ser conocido con anticipación, este impuesto puede ser cargado fácilmente sobre el precio de coste. Protección de los colaboradores de cada empresa. Trataremos ahora de la protección legal de todos y cada uno de los agentes personales de producción, colaboradores en el seno de cada empresa. Hay, en primer término, una protección general, que es igual para todos ellos y que se fundamenta en dos bases:
Así como los gremios se encargan de cuidar la protección de las empresas, vigilando el respeto, en la práctica, de las leyes mínimas del mercado, los sindicatos han de tener la misión de proteger a los profesionales utilitarios libremente inscritos en ellos. Esta protección presentará dos vertientes: En primer lugar, hay la defensa y protección de los profesionales utilitarios en todos los conflictos que normalmente se presentan, dentro y fuera de la profesión. Los sindicatos podrán llevar estos conflictos delante la Justicia especializada correspondiente y encargarse de la defensa o acusación privada ante el juez de instrucción de cada causa concreta y delante del Tribunal en fase resolutoria de esta causa. En segundo lugar, los sindicatos podrán dedicarse a la promoción de la condición utilitaria, a través de la elevación ética, educativa, instructiva y profesional de sus adheridos. Lo que no podrán hacer los sindicatos, es duplicar las actividades de otros organismos, como, por ejemplo, los partidos políticos. Los partidos políticos extienden sus miras a todo el cuerpo social, mientras que los sindicatos han de limitarse a ser el punto de encuentro de todos los profesionales utilitarios (empresarios; trabajadores; capitalistas; inventores) que coinciden en una cierta doctrina de defensa y protección social de los mismos profesionales utilitarios. Evidentemente, los sindicatos estarán también constituidos como cualquier otra institución de estatuto liberal. La comunidad geopolítica cuidará por la seguridad social de todos los profesionales utilitarios, a través del estatuto utilitario que hemos especificado en el capítulo anterior. Además los profesionales utilitarios gozarán, como todo el mundo, del estatuto general. Ahora bien, los profesionales utilitarios y solo ellos, tendrán además, el derecho y la plena libertad de suscribir, en el mercado, los contratos que quieran con las empresas privadas de seguros, también libres, existentes.
Como ya hemos dicho, la contratación y descontratación de trabajadores serán libres. La contrapartida de esta libertad está constituida por el salario de solidaridad social-financiera (s.s.s.f.) de paro forzoso, que se cobrará automáticamente desde el momento del despido (por simple inscripción del despedido por el despacho gremial correspondiente) y por un tiempo indefinido. La cuantía de este s.s.s.f. de paro forzoso será la misma para todos, sea cual sea la categoría técnica-salarial del trabajador; lo mismo pasará con los s.s.s.f. de huelga y de lock-out (idénticos al del paro forzoso). La razón es que se trata de un mínimo vital que depende de la prosperidad general y de la solidaridad comunitaria, única y exclusivamente. Solo si estos crecen, podrán crecer los salarios de solidaridad. Con respecto al salario mínimo profesional, este se establecerá como el doble del s.s.s.f. de paro forzoso, huelga y lock-out. El salario efectivo pagado en cada caso concreto será una función contractual libre y privada, entre cada empresa y cada trabajador, que se establecerá en función de la demanda de colaboradores competentes por parte de las empresas y la oferta de trabajo asalariado competente por parte de los trabajadores. Dentro de una economía telemática, es muy fácil y muy rápido el poner a punto bolsas de trabajo eficientísimas, a cada nivel local y a nivel de la entera comunidad geopolítica. La distinción efectuada, en el capítulo 12, entre ahorro y capital, ha de ser ahora recordada. El ahorro, guardado en las cuentas corrientes, a la vista, de producción, de ahorro de producción y de ahorro de consumo, no es, por si mismo, factor activo de producción. Pero cuando este ahorro se vende, se pone a disposición del mercado, en definitiva, se invierte, entonces pasa a ser capital, fuerza de producción. Este paso de ahorro a capital no es fácil y comporta muchos riesgos. Puede realizarse por contratación privada con un Banco de Negocios, o por compra venta de valores en Bolsa. En cualquiera de los dos casos, el dinero así capitalizado ha de salir de una cuenta corriente a la vista y transformarse en un depósito a plazo en un Banco, o bien en papel-capital privado (acciones, obligaciones, pagarés...). La capitalización (es decir, la conversión del ahorro en capital) es un negocio como cualquier otro, con muchos riesgos, pero que también proporciona muchos beneficios. Esta actividad será dejada en libertad total, tanto con respecto a la contratación privada de capitales con Bancos de Negocios, como con respecto a la actuación en Bolsa. La protección legal de los capitales invertidos se hará a través de la obligación que tendrá el gremio y subgremios bancarios, de crear las distintas Cajas de Garantías Interbancarias que, en todo momento, garanticen la seguridad de los capitales entregados a los Bancos. Estas Cajas venderán o liquidarán cualquier Banco incapaz de cumplir sus compromisos libremente pactados y se harán responsables de un máximo del 50% de estas obligaciones, cuando la venta o liquidación no permita cubrirlas al 100%; el Banco en fallida deberá hacerse cargo del 50% restante, en la medida que pueda, siendo la parte no cubierta por éste, una pérdida para el cliente. Igualmente deberán crearse las Cajas de Garantías Intrabolsísticas necesarias, con las mismas obligaciones que las especificadas en el caso de los Bancos. El ahorro, por su parte, ha de ser también protegido y muy especialmente contra los traficantes, sin escrúpulos, de capital. La protección mas eficaz consiste en la imperialización de todos los saldos positivos de todas las cuentas corrientes a la vista (cc/cc de producción, cc/cc de ahorro de producción y cc/cc de ahorro de consumo): hasta el presente, estos saldos han estado administrados por los establecimientos contables, los cuales, considerándolos como recursos ajenos, los han utilizado para capitalizar. La imperialización de los saldos significará que los establecimientos contables ya no podrán hacer uso de ellos: toda capitalización habrá de ser explícitamente querida, a través de un contrato especial, por el propietario del ahorro; y el ahorro no capitalizado será considerado ahorro comunitario, del cual nadie que no sea la misma comunidad, a través de su gerente, el Estado, no puede hacer uso. Como ya hemos dicho en el capítulo 12, los saldos de las cuentas corrientes imperializadas rendirán un 6% de interés compuesto anual y gozarán de la posibilidad de un descubierto automático permitido del 25% del saldo promedio, -descubierto recuperable por el establecimiento contable en un período mínimo de 5 meses, y comportando el libre interés bancario normal-. Los inventos utilitarios, tanto los de propiedad privada como los que ya son de dominio público, constituyen hoy día el factor de producción mas potente y eficaz. Por este motivo, hay que fomentar la iniciativa privada de los posibles inventores utilitarios-prácticos. De esta protección se encargará la Oficina General de Patentes, departamento especializado del ministerio de economía, con tantos centros y laboratorios locales como sean necesarios. Esta oficina, en cada uno de sus despachos locales, se encargará del registro y estudio tecnológico de todas las innovaciones que les sean presentadas: cuando un proyecto sea aprobado, después del estudio correspondiente, por la oficina, el candidato a inventor podrá, si quiere, gozar de un salario de solidaridad social-financiera de inventor y de presupuestos (ordinarios y extraordinarios) financieros de laboratorio o/y taller, durante el tiempo que sea preciso para que el proyecto sea llevado a la práctica. Una vez el invento experimentado, a través de un prototipo, con total satisfacción práctica y la patente concedida, el inventor podrá optar entre dos posibilidades: o bien podrá ceder su invento a la entera comunidad geopolítica y por tanto, a todas las empresas interesadas y conservar un estatuto liberal; o bien podrá explotar privadamente el invento, ya sea el solo (a base, por ejemplo, de un crédito a la inversión para montar su propia empresa), ya sea vendiendo o alquilando la patente a una o mas empresas; y en este caso, pasará al estatuto utilitario. 6. Comercio exterior y aduanas. Hasta ahora no nos hemos referido al comercio exterior, todo y su importancia en los sistemas utilitarios actuales, porque, de hecho, se trata de una cuestión lateral dentro de nuestro planteamiento. El comercio exterior cubre la totalidad de los sectores mercantiles, tanto el de producción (producción corriente y comercio al mayor; producción inversiva; comercios e industrias al detalle) como el del consumo (a través del turismo, interior y exterior). La importación y la exportación serán completamente libres. Con respecto a los derechos de aduana, serán eventuales y no se pagarán según el tipo de mercadería importada o exportada, sino en función de los dos criterios siguientes. En primer lugar, habrá los derechos aduaneros para un equilibrio dinámico continuo de balanzas de pago. Cada importación y exportación pagará un derecho variable, en función del equilibrio de balanzas existente en el momento con el país de destino (exportación) o de origen (importación). Si la balanza está en equilibrio, los derechos aduaneros serán nulos; los derechos a la importación subirán con las balanzas deficitarias y los derechos a la exportación subirán con las balanzas con superávit. Estos derechos de aduana variables serán instantáneamente comunicados a cualquier empresa que los pida, referentes a una importación o exportación dada y le serán garantizados por un período de tiempo prudencial, si la empresa se compromete a realizar la operación en el plazo fijado. Por este sistema, se consigue un equilibrio dinámico permanente, Estado por Estado, o en el seno de un grupo de Estados, que es la condición indispensable de todo comercio exterior sano, por tanto el objetivo prioritario a conseguir por toda organización aduanera. En segundo lugar, se establecerán unos derechos aduaneros antidumping. Efectivamente, a fin de evitar la competencia, para los productores propios, los productores extranjeros que, valiéndose, por ejemplo, de la explotación de la mano de obra, producen mercaderías mas baratas, el precio mínimo legal de venta será obligatorio para todas las facturas-cheque, tanto de importación como de exportación. Si el precio de venta de un producto importado es inferior, la diferencia constituirá un derecho aduanero antidumping y el importador no podrá beneficiarse de esta diferencia. Notas: 20 No todos estarán de acuerdo con esta lista de 4 factores activos de producción. Muchos manuales y tratados de economía, por ejemplo, solo consideran dos: el trabajo y el capital. Nosotros queremos, simplemente, ser pragmáticos: la empresa privada es el motor de la producción y dicha empresa supone un empresario deseoso de beneficios; por lo tanto consideramos los beneficios como una remuneración salarial más a pagar por la empresa: Otra cosa es que nosotros propongamos un proceso autogestionario que llevará a la repartición de los beneficios entre todos los colaboradores de cada empresa; pero esto no supone la desaparición, ni de los beneficios (que serán repartidos), ni del empresario (que lo serán todos). Por lo que respecta a los inventos, es también evidente que,
en tanto que la empresa ha de pagar patentes o marcas de fábrica,
debe ser considerado como un factor activo de producción mas entre
los comprados por la empresa.
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