Al servicio de este pueblo.

Avui. Martes, 31 de Octubre de 1978. Página 7.

Mi no a la Constitución (I).

Podía abstenerme porque el Estado actual español no respeta la nación de los catalanes. Pero soy senador de las Cortes españolas y estoy obligado a definirme o irme del Senado. Mi voto hoy será «no». No es una consigna, ni un consejo para nadie. Es un voto en conciencia. Hay puntos que considero irrenunciables.

1. Porque los derechos humanos y las libertades fundamentales son reconocidos con limitaciones demasiado importantes. No respeta la lengua del acusado en los juicios. No reconoce la objeción de conciencia al servicio militar como un derecho. Menciona la Iglesia en situación de privilegio. No reconoce el derecho a la planificación familiar, ni la igualdad de la madre y el padre con respecto a la patria potestad. Limita continuamente la participación directa de los ciudadanos en los asuntos colectivos, etc. Y, sobre todo, con la excusa de la excepción y, aún más, del terrorismo, limita los derechos de los ciudadanos en materia de detención, de inviolabilidad del domicilio, del secreto en las comunicaciones postales, telefónicas y telegráficas, la libertad de elección de residencia, libertad de expresión, de reunión, de negociación colectiva laboral y de huelga.

2. Porque se nos impone a todos un modelo económico que sólo complace a una parte. No se protege realmente el derecho al trabajo con una toma decidida de posición ante el paro. Tampoco se ataca de raíz la especulación del suelo edificable para resolver la falta de viviendas. La Constitución es terriblemente débil en el aspecto insoslayable de la planificación. Deficiente atención económica a la educación. Y desatención económica a los disminuidos, jubilados y marginados económicos en general. Se limita por diversos conceptos el derecho de sindicación y el derecho de huelga, etc. Y, sobre todo, se constitucionaliza una anacrónica empresa libre dentro de una anacrónica economía de mercado, que definen el modelo económico capitalista más clásico, lo que cierra la vía democrática al socialismo y por tanto impide la voluntad, en muchos territorios del Estado, mayoritaria de practicar los modelos económicos socialistas por vía pacífica. De esta manera los partidos socialistas y comunistas, si algún día ganan las elecciones generales, se verán obligados a gobernar según un programa opuesto al suyo. Todo intento de programa socialista podrá ser declarado inconstitucional, como le ocurrió al gobierno chileno de Allende.

Lluís M. Xirinacs.