Capítulo 18. Domar el toro.
La hipótesis que consideramos más adecuada
es la segunda -garantías de un uso democrático del dinero
electrónico- y para concretarla proponemos:
Primero. La supresión de todo dinero anónimo (sustitución
por un único sistema de dinero electrónico para todos: ricos
y pobres, gobernantes y gobernados);
Segundo. La protección de los datos personales (con único
acceso del propio interesado y de una Justicia independiente -en caso de
documentar una sentencia);
Tercero. La socialización de los datos contables para ir más
allá de la planificación centralista y del caos mercantilista;
para equilibrar la masa monetaria evitando la inflación-deflación;
para redistribuir el excedente solidariamente y mejorar/superar los sistemas
fiscales actuales.
Como hemos visto, la propuesta de un nuevo instrumento monetario puede
hacer posible la aplicación coherente y democrática de la
monética: sistema de transferencia electrónica de fondos
activada por tarjetas inteligentes personalizadas, de difícil manipulación.
Para intentar evitar los peligros de la monética, y para aprovechar
sus posibilidades como instrumento de cambio social, es preciso buscar
un marco de reglas de juego sociales, mercantiles, económicas, judiciales
y políticas que garanticen un buen uso de la monética, que
no debe ser otro que el de un instrumento para concretar libertades y solidaridades.
En este capítulo expondremos las condiciones de aplicación
para evitar peligros. En el próximo, algunas de las oportunidades
de cambio social que se pueden dar.
Optar por establecer un sistema de garantías para el uso democrático
y coherente de la moneda electrónica es ciertamente arriesgado porque,
al lado de grandes posibilidades, parece que se pueda legitimar la primera
opción (la monética como control del pueblo, sin que el pueblo
controle a quien le controla). Es para evitar este peligro que es necesario
ser muy claros en las condiciones de aplicación de la monética.
Primera. La sustitución de todo tipo de moneda anónima
por un sistema de cuentas corrientes personalizadas y activadas por tarjetas
inteligentes que aseguren la «factura-cheque» en cada acto
«monetario», de tal manera que no pueda circular dinero negro
corruptor y antisolidario, sin dejar rastro.
La moneda electrónica tendría que ser declarada la única
legal. Todas las formas de moneda anónima anteriores (billetes,
cheques, monedas metálicas...casi-dinero...) perderían su
valor después de ser anotado éste en la cuenta corriente
de cada persona (individual o colectiva).
La supresión de la circulación paralela de los dos tipos
de moneda -anónima actual y personalizada electrónica- es
imprescindible para evitar al máximo el juego sucio. Si, como se
está haciendo, no se anulan los billetes de banco, la mayoría
de la población hará servir el dinero electrónico
-que deja rastro- para las operaciones legales; y las minorías que
posean el control de la moneda anónima utilizarán ésta
-sin dejar rastro- para las operaciones ilegales de siempre -chantajes,
robos, tráfico de armas y drogas, sobornos...-.
La información del dinero electrónico debería ser
tratada de diferente manera, según la siguiente distinción:
- los datos personales (nombre y número de la cuenta corriente) quedarían
protegidos bajo secreto profesional por el banco (que únicamente
los necesitaría un instante para anotar el abono o el reintegro
en la cuenta). Posteriormente serían archivados, bajo secreto profesional,
para la Justicia (que, además de protegerlos contra cualquier ingerencia,
los podría utilizar para documentar sus sentencias). La indiscreción
de los profesionales bancarios y judiciales estaría no sólo
legalmente penalizada sino que sería muy difícil de realizarse
sin dejar rastro (véase más adelante).
- los datos contables (mercancía, precio, lugar...) se socializarían,
es decir, se pondrían al alcance de la comprensión de toda
la población, para evitar los monopolios de información,
para generar una actuación mercantil libre y bien informada, y para
racionalizar la invención de dinero.
La aplicación actual de la moneda electrónica no tiene en
cuenta estas distinciones ni garantías. Los resultados son conocidos:
cualquiera -con influencia o dinero- puede utilizar la información
personalizada de otra persona con intención de perjudicarla; la
Justicia continúa sin tener la documentación exhaustiva que
precisa para su correcto ejercicio. Los resultados antimonopolio informativo
y anticorrupción mercantil son casi nulos.
En resumen, el principio fundamental de una aplicación democrática
y coherente de la moneda telemática es que no puede existir movimiento
de moneda sin un respectivo movimiento de «mercancía»
(bienes o servicios mercantiles).
La Justicia podrá detectar si se ha habido movimiento de dinero
sin que tal movimiento corresponda a la compra o venta de «mercancías»,
fenómeno que indica claramente que se ha producido una operación
ilegal.
Segunda. La protección de los datos personales, no garantizada
por ninguno de los sistemas democráticos actuales -ni fiscalistas
ni monéticos- es fundamental. Esta protección debe asegurarse
al máximo con un conjunto de medidas coherentes de tipo político,
fiscal, judicial, social y técnico.
Cuando se buscan unas reglas de juego mínimas que permitan un
uso con garantías de la monética, no es suficiente suprimir
el dinero anónimo si además no se redefine un conjunto de
instituciones que son estratégicas para gestionar adecuadamente
la información derivada de la generalización de la moneda
electrónica; instituciones que no siempre están cumpliendo
la función «formal» que les ha sido adjudicada.
La problemática planteada en el capítulo
9 sobre cómo conseguir unas instituciones culturales, políticas
y judiciales máximamente independientes para conseguir liberarse
de la servidumbre del «quien paga, manda», retoma aquí
una importancia crucial. En el próximo capítulo
se explicará más sobre los objetivos y el funcionamiento
de lo que podemos denominar «estatuto comunitario».
Ahora sólo expondremos los rasgos imprescindibles para ubicar las
instituciones necesarias en la buena gestión de la información
monetaria.
En la mayoría de sociedades actuales podemos distinguir entre
el ámbito mercantil (formado los que producen bienes y servicios
en el mercado, guiados por la obtención de ganancias) y el ámbito
comunitario (formado por los que ofrecen a la sociedad servicios no sujetos
a las leyes del mercado, muchos de ellos hoy encuadrados en el sector público
o en instituciones sin ánimo de lucro).
Parece que la separación entre estatuto comunitario (servicios
y profesiones que se ofrecen con carácter gratuito y que serían
financiados comunitariamente) y estatuto mercantil (trabajadores,
inversores, empresarios e inventores retribuidos por el mercado) evitaría
que el dinero del mercado («poder de la riqueza») pudiera poner
bajo su servicio a los profesionales liberales y a los servicios comunitarios
(«poder del saber»).
Las listas de incompatibilidades, siempre casuísticas y de fácil
incumplimiento, se muestran incapaces de evitar el acaparamiento de influencia
pública en manos de unos pocos bien situados en el mercado y en
la vida pública. Este poder fáctico debe reducirse al máximo,
ya que atenta igualmente contra el Estado de derecho. El objetivo fundamental
de esta distinción es que el dinero mercantil no se transforme en
poder «político» y que el servicio comunitario-liberal
no se transforme en negocio.
Esta separación implicaría:
- la existencia de incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de una actividad
comunitaria y el ejercicio de una actividad mercantil; así como
la incompatibilidad de la mayoría de actividades comunitarias entre
ellas.
- la imposibilidad material -a través de una adecuada reglamentación
de los circuitos monetarios y de los tipos de cuentas corrientes- de canalizar
dinero obtenido privadamente en el mercado hacia actividades comunitarias,
y viceversa (excepto, evidentemente, del consumo).
A través de estos dos mecanismos sería más probable
impedir la intrusión ilegítima de los poderes fácticos
(que se generan a la sombra del dinero anónimo mercantil) en las
actividades comunitarias en general y, más concretamente, en las
instituciones de mando político, cívico y judicial, las cuales
son por vocación y pertinencia claramente no-mercantil.
En el contexto del estatuto comunitario se debe crear o encontrar una
institución que vele por la protección de los datos personales
y que vigile-contraste la fiabilidad de los datos «económicos»
ofrecidos por el Gobierno. En algunas ocasiones a lo largo del texto ya
hemos comentado la necesidad de mejorar los sistemas de documentación
de la administración de justicia así como de incrementar
su independencia. Si no se cree oportuno crear nuevas instituciones, parece
que la institución judicial sea la más adecuada para asumir
la protección de los datos personalizados -dado que no tiene fuerza
para imponer una tiranía- y al mismo tiempo estos datos son de gran
valor para ejercer la función de investigar delitos y documentar
sentencias.
El sistema informático sólo permitiría el acceso
-siempre personalizado- a las bases de datos de aquellos miembros de la
judicatura encargados de un caso que lo requiriera. Cualquier consulta
injustificada, además de ser técnicamente difícil,
sería legalmente castigada.
Parece claro que el punto más «delicado» de la propuesta
de implantación generalizada de la monética es el de la independencia
de la Justicia, institución que llega a ser la protectora de la
privacidad y la garante del Estado de derecho. En el próximo
capítulo se expondrá un marco de normas que aseguren
su máxima independencia y renovación. Ahora, aquí,
sólo una precisión sobre los sistemas de autocontrol de las
redes telemáticas que las hace, prácticamente, inviolables.
Para evitar manipulaciones de la información sería necesario
establecer sistemas de autocontrol que asegurasen la máxima inviolabilidad.
Existen diversos sistemas. Uno de los más usados y seguros es el
que funciona con tres redes paralelas de ordenadores que procesan los mismos
datos. Se introduce un altísimo grado de seguridad, sobre todo si
el hardware, el software y los equipos humanos son diferentes e independientes.
Estas tres redes comprobarían al mismo tiempo la ausencia de
manipulación de las tres redes, también altamente inviolables,
del procesamiento de datos contables sin referencias personales, que el
centro socializador de la información necesitaría para funciones
económicas.
Todo esto puede parecer muy caro y complicado. Pero, son sistemas que
se están utilizando en la actualidad cuando se pretende asegurar
informaciones o controles estratégicos.
En El País del 12 de marzo de 1986, el coordinador informático
del recuento provisional de votos del referéndum sobre la OTAN explicaba
cómo se realiza el proceso: «En relación al mecanismo
informático que permitirá conocer hacia las 22.00 horas los
resultados provisionales, no oculta su satisfacción por considerarlo
de una fiabilidad infalible.(..). los datos, son incorporados cada 15 minutos
en el ordenador central -en realidad se trata de tres ordenadores que
funcionan en paralelo por si se produce alguna «caída»
del sistema-» (Antonio Humada).
Para un simple recuento provisional de votos se instalan tres ordenadores
para evitar la «caída» -el error, la manipulación-
del sistema. Para asegurar la fiabilidad de los datos macroeconómicos
y judiciales...¿no se podría hacer lo mismo?.
Instalar 3 ó 5 redes de procesamiento de datos en paralelo -para
asegurar que den los mismos resultados- es habitual en muchos «sistemas»
caros y sofisticados (p.ej. en las naves espaciales y en los submarinos
atómicos). ¿Por qué ha de ser considerado caro instalarlas
en aspectos tan estratégicos como el sistema económico o
el judicial?.
Tercera. La socialización de los datos contables -no personales-,
es decir, los datos referentes al tipo de mercancías, precios, lugares,
calidades ecológicas... deben estar al alcance de toda la población
de forma inteligible a cada nivel de interés.
El acaparamiento de información es poder. La socialización
de una información exacta y exhaustiva del mercado -sin referencias
personales- podría generar una libre actuación muy eficaz
en todos los ámbitos, si se hiciese comprensible y estuviera al
alcance de la población. El control de los medios informativos por
parte de empresas privadas -como negocio- o por parte del Estado -como
manipulador de opinión- es una de las armas más sutiles y
más eficaces de que disponen los poderes fácticos para perpetuarse.
El estatuto comunitario permitiría desmercantilitzar, desestatalizar
y descentralizar todos los medios de información y bases de datos.
La información monetaria contable -sin referencias personales-
debería contrastarse con los datos de la red telemática de
la Justicia, para evitar errores o manipulaciones.
La socialización de la información económica podría
ofrecer un abanico de posibilidades hasta ahora vetadas por la irracionalidad
del sistema monetario. Entre estas posibilidades (que serán tratadas
en el próximo capítulo) podemos
citar:
- la no manipulación de los datos por parte de los diferentes poderes;
- la toma de conciencia popular de los resultados de las acciones de los
diversos agentes del mercado;
- la superación del dirigismo irresponsable de la economía
por parte de las empresas o del Estado, con el consiguiente despilfarro
de recursos;
- el equilibrio automático entre masa monetaria activada y el valor
de las mercancías vendidas y, por lo tanto, control de la inflación-deflación
monetarias;
- la captación de los excedentes reales, equilibradores y potenciales
de cara a su distribución solidaria, vía salarios comunitarios,
entre la población y como sistema para desmercantilizar y desestatalizar
las funciones y actividades «comunitarias»;
- la mejora, en la equidad y simplificación, de los burocráticos
y disfuncionales sistemas fiscales actuales.
Los efectos previsibles de las tres medidas serían: la total
documentación, responsabilización y clarificación
de todos los actos mercantiles y sociales, a través de su componente
monetario -siempre bajo la protección de una Justicia independiente-.
La sociedad podría disponer de estas técnicas concretas
para luchar contra la formación de poderes ilegítimos sin,
no obstante, coartar la legítima libertad de cada persona en el
marco de las mínimas normas establecidas.
Sería ingenuo pretender que éste podría ser el
paso definitivo para conseguir la desaparición de los poderes fácticos,
del juego sucio y de la corrupción monetaria ya que siempre es posible,
a causa de la inagotable capacidad e inventiva humanas, inventar nuevas
y más sutiles formas de dominación. Pero, esto no ha de ser
un impedimento para considerar que la implantación de estas medidas
no pudiera representar un progreso muy importante para hacer instrumentalmente
imposible gran parte del juego sucio practicado hasta ahora desde hace
4500 años.
A partir de estas medidas, en gran parte instrumentales, podríamos
poner las bases para construir unas reglas de juego social, con la esperanza
fundamentada de que no se reducirían, una vez más, a «papel
mojado»; podríamos empezar a poner las bases de un más
auténtico Estado de derecho.
La aplicación de estas tres medidas se tendría
que realizar con muchas precauciones, tanto en los aspectos sociales como
en los técnicos. Se debería estudiar muy bien la viabilidad
y las dificultades especiales para aplicar las condiciones de un uso democrático
y coherente del dinero electrónico. A título de ejemplo,
se podría ver:
¿Cómo y en qué plazo se convierten los
actuales medios de pago en el nuevo? ¿qué pasa con las divisas
y, en especial, cómo se convierten y quién las detiene?.
¿Cómo preparar el software, hardware y el equipo humano
suficientes y cómo poder disponer de él?.
¿Cómo concretar la creación del arancel de mercancías
legales y cómo someter a decisión política la legalidad
o ilegalidad de determinados productos (armas, drogas, tóxicos industriales)
o de servicios (si deben pasar a ser servicios comunitarios-liberales)?.
¿Cómo incorporar al mercado o a los servicios comunitarios
las empresas o personas que viven gracias a ilegalidades actuales (prostitución,
tráficos..)?.
¿Cómo crear los centros de socialización de la
contabilidad general (por sectores productivos, por territorios, globales...)?.
¿Cómo diseñar la red y los programas de divulgación
y consulta de datos contables (televisiones y ordenadores privados y comunitarios)?.
¿Cómo publicar en la red de socialización de información
todos los datos referentes a la gestión pública con personalización
(única excepción)?.
¿Cómo organizar el centro de economía dinámicamente
equilibrada: detección de excedentes, recaudación de impuesto
único, invención-exvención de dinero,
distribución automática según estatutos...?.
¿Cómo suprimir el Ministerio de Justicia y organizar la
Justicia de forma independiente y especializada, con policía judicial
propia?.
¿Cómo diseñar y crear los sistemas de protección
de datos personalizados (3 redes independientes en la Justicia) frente
al Estado?.
...
Muchos de estos interrogantes requieren un estudio más profundo
de sus dificultades reales y posibles soluciones.
Según sea su lectura, estos interrogantes se convierten en graves
peligros o en inmensas posibilidades. Pero, lo que estamos viviendo en
la actualidad y lo que las tendencias futuras diseñan refuerza muchos
de los peligros y casi ninguna de las posibilidades.
En definitiva se trata de dos opciones: una opción es arriesgada,
pero mínimamente fundamentada; la otra es una no-opción:
la imposición de los hechos, de los determinismos de la tecnología
y de la «seguridad» que, actualmente, se nos presentan como
hechos consumados sin pedir ningún consentimiento ni ninguna opción
valorativa del modelo que se nos impone.
Para
terminar este polémico tema, unas sugerentes palabras de Isaac Asimov:
«Reducir los abusos beneficia, al fin y al cabo, a todos. Los ordenadores
pueden proporcionar las técnicas necesarias para controlar, con
mucha mas eficacia que nunca en la historia, los abusos incluso de los
propios ordenadores.
Pero si los ordenadores vigilan a los ordenadores, ¿quién
vigila a los vigilantes?. La cuestión no es nueva y tiene solución.
Cada guardián no pierde de vista (de vista electrónica, claro)
a los otros. En un sistema de gobierno democrático esto se denomina
«separación de poderes».
¿Qué otras benedicciones nos traerá la automatización?
Uno de los sueños es un mundo sin dinero.
¿El cómputo electrónico automático de los
haberes personales actualizado después de cada transacción?.
Imaginemos que cada uno tuviese un dispositivo sintonizado con sus huellas
digitales... Mediante una operación preestablecida el dispositivo
nos daría el estado exacto de nuestra cuenta corriente, la cantidad
disponible para nuestras transacciones.
Cualquier transacción imaginable -ingresos por sueldo, inversiones,
gastos, desde la compra de un diario a la renta de acciones- solamente
quedaría legalizada cuando los dispositivos de todas las partes
que intervinieran en la transacción fuesen introducidos en un terminal
de ordenador que transferiría los importes (en impulsos electrónicos)
de una tarjeta a otra. Obtendríamos una procesión inacabable
de cheques firmados al instante, por valor de cualquier cantidad inferior
al líquido disponible.
La Administración podría descontar automáticamente
los impuestos sobre cualquier transacción, en proporción
a su importe y al nivel de renta del sujeto que recibe el dinero.
El concepto de riqueza perdería importancia en una sociedad como
ésta en la que no circulase el metálico, porque el dinero
sería menos visible. Y esto sería más cierto si la
sociedad del siglo XXI encontrase alguna manera lógica de mitigar,
al menos parcialmente, la desigualdad en la distribución de la riqueza;
en una sociedad sin dinero sería menos doloroso pagar los impuestos,
porque las transacciones nunca se harían visibles.
¿Abusos? Disminuirían, porque el fraude fiscal y la estafa
serían más difíciles. Gran parte de la inhumanidad
del ordenador es que, una vez que está programado y funciona correctamente
no admite intromisiones en su comportamiento1».
Nota:
1Isaac
Asimov (1984), ¿Quién necesita dinero? «Muy
Interesante», número 41, 1984.
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