Capítulo 9. La sutil servidumbre de la cultura.

Las características de la moneda anónima también favorecen la monetización, la mercantilización y la prostitución de muchos aspectos humanos, incluso de los más inmateriales (formación, información, investigación, salud, derecho, política, arte, sexo, espíritu...) mientras que, paradójicamente, no ayudan a resolver satisfactoriamente las funciones más básicas de la moneda: facilitar el intercambio de bienes (no males) y servicios (no «deservicios») y permitir el equilibrio entre producción y consumo-inversión en sociedades complejas que no pueden usar el trueque.

Uno de los problemas fundamentales de un cambio de orientación en la civilización occidental, que conduzca hacia un respeto por el resto de las culturas del planeta y por la naturaleza, es la falta de capacidad crítica y creativa de los «creadores de cultura», sometidos a dependencias más o menos confesadas ya sea de los Estados (públicos) o de empresas (privadas), que establecen y favorecen programas y proyectos continuadores del sistema.

El fracaso del desarrollo de los llamados «países retrasados» evidencia no sólo un exterminador neocolonialismo cultural y económico, sino la pobreza de la cultura occidental que identifica el «buen vivir» y «la calidad de vida» con la producción y posesión de objetos. No todo bien mercantil (que aumenta el PIB) es un bien objetivo para la persona, para la sociedad y para la naturaleza, sino que en muchos casos es, o participa, de un mal (perjuicios para la salud, agotamiento de recursos, sistema de dominación...). Lo mismo podemos decir de los «servicios». La libertad no puede circunscribirse a elegir entre unas opciones dadas sino que, sobre todo, ha de permitir crear nuevas opciones.

El sector «económico» que más importancia está tomando en los países «desarrollados», por encima del sector secundario (industria) y del sector primario (materias primas), es el llamado sector terciario (servicios). Este es un conglomerado de actividades muy heterogéneas que van desde la burocracia, a las profesiones liberales; desde el transporte y comunicaciones a la política; de los servicios de limpieza a los informáticos...

Otra gran clasificación de la economía es la que separa las actividades «públicas» de las «privadas». Así, en lo referente al sector terciario, tendremos «servicios públicos» y «servicios privados».

Una última distinción, no tan habitual, pero no menos importante para intentar poner en claro este complejo sector, es la que separa las actividades lucrativas de las actividades sin ánimo de lucro.

La falta de claridad teórica y práctica de estos diferentes «estatutos» tiene, como se sabe y padece, grandes repercusiones sociales, políticas y económicas.

En el debate entre servicios públicos y servicios privados deberíamos discernir si pueden considerarse actos semejantes -regidos por la misma dinámica de mercado- producir patatas y atender a un enfermo, construir casas y ser alcalde, fabricar coches y ser juez, imprimir libros y ser maestro...

Normalmente se considera que los servicios públicos son aquellos que dependen de alguna institución del Estado, que, como teórico representante del bien común, asume aquel servicio porque es de utilidad pública, fuera de las leyes de mercado (gratuito o con precios políticos) y que es gestionado por funcionarios.

Los servicios privados son aquellos que, en cambio, están mercantilizados, es decir, que el usuario paga lo que le pide el mercado, el cual está formado por los profesionales o propietarios de los servicios.

El resultado es que el usuario, en algunos casos, por ejemplo en el de la sanidad, debe pagar una importante suma mensual para la Seguridad Social -y recibe un deficiente servicio, por su burocratización y masificación- y, además, se paga la medicina privada -a veces al mismo médico que le recibe en 3 minutos en la consulta de la Seguridad Social-. Y esto se repite, con formas peculiares, entre enseñanza pública y enseñanza privada, entre medios de comunicación públicos y privados, entre policía pública y privada (servicios de seguridad); entre seguros y pensiones privadas y públicas, entre transportes privados y públicos, entre «investigación» pública y privada...

Parece que estos son un tipo de servicios que para su buen funcionamiento necesitan libertad, tanto por parte de quien los ejerce como de quien, según los casos, los usa. Son unos servicios que fácilmente pueden degenerar, por motivos diferentes, tanto cuando se crea la estatalización y se burocratizan, como cuando se mercantilizan y se vuelven elitistas.

¿Podemos buscar un estatuto diferente de los actuales que facilite la gratuidad -el acceso a todos sin discriminación- y al mismo tiempo la calidad y la libertad, tanto para el profesional como para el usuario? ¿Cómo aplicar un modelo de estas características en la práctica para no caer en abusos ni en privilegios, ni en nuevas burocracias ineficaces?.

Este conjunto de actividades tiene otro problema muy importante: quien paga manda. Y quien manda en el mundo del «saber» manda, de una u otra manera, en las conciencias de las personas. La polémica entre público (bien común) y privado (lucro privado) es falsa. El Estado se ha convertido en un bien privado, en una corporación que defiende sus privilegios (y el de los grandes privados que la dominan) y que tiene todos los medios coercitivos (leyes, policías, ejércitos, jueces...), que los pequeños privados no tienen. Se ha establecido una lucha, o pelea de feria, entre dos «privados», a veces con intereses comunes y a veces contrapuestos, que ejercen el poder del «saber» sobre la población. La libertad real que tiene el usuario sólo radica en la elección entre medicina privada y pública, entre escuela privada y pública, entre información privada y pública... Cada una tiene ventajas e inconvenientes, pero ambas son terriblemente celosas de las medicinas libres, de las escuelas libres, de las radios libres...que no tienen enfoques de dominación ni de avasallamiento. El usuario no tiene libertad para escoger otro tipo de servicio e incluso, en algunos casos, puede ser sancionado o encarcelado por intentarlo. ¿Por qué se mantienen estas estructuras tan irracionales presentadas bajo el nombre de «Estado del Bienestar»?.

Y, he aquí, el último mecanismo: los intereses creados. Lo que es «público» es pagado por todos los que están obligados a tributar impuestos, pero los mecanismos principales de toma de decisión de cómo se «gasta el dinero público», de cómo se organizan los servicios públicos acostumbran a estar prostituidos por situaciones legales e ilegales, pero reales. Y toda prostitución significa pagar un precio, un precio que es más alto cuanto más transcendente es el poder de quien se prostituye. Por la vía legal, la prostitución de la democracia comienza con el sistema electoral y con el increíble sistema de financiación que obliga a todos los partidos a venderse a quien tiene dinero suficiente para pagar las inmensas sumas de las campañas electorales. ¡Industriales y banqueros son quienes financian legalmente los partidos! Si ganan, el agradecimiento generoso. Si pierden, la esclavitud del deudor. Legalmente no se puede probar casi nada, pero todo el mundo lo piensa y lo «sabe». El soborno y la corrupción son la más patética realidad del poder. Sólo llegan a la opinión pública cuando interesa hundir a algún competidor creando un escándalo.

La Justicia, tercer brazo independiente, diseñada para proteger el derecho y defender a los ciudadanos de los abusos y del poder, permanece unida a trampas semejantes, sujeta a lo «público» (por el ejecutivo) y a lo «privado» (por el soborno y por las castas sociales a las que pertenecen muchos de sus funcionarios).

Los numerus clausus, excluyen miles de profesionales preparados para mejorar cuantitativa y cualitativamente estos servicios, y las oposiciones a plazas de funcionarios no siempre permiten el acceso a los mejor preparados por sus relaciones humanas específicas, sino a los capaces de pasar unas pruebas memorísticas que no demuestran nada del arte de ejercitar una profesión.

Además de los servicios públicos y privados, el sector terciario reúne un conjunto de actividades culturales, aparentemente las más libres: las de los artistas (escritores, poetas, pintores, escultores, arquitectos, diseñadores gráficos, periodistas, actores, directores audiovisuales...). Todos estos creadores culturales son de muy difícil evaluación en función de su productividad y, normalmente, dependen del azaroso mundo de los «editores» y «productores», de las promociones y de la especulación. Tienen una gran influencia social, tanto para justificar y mantener la sociedad, como para subvertirla. Tanto su burocratización como su mercantilización aseguran la muerte de la cultura transformadora.

Para terminar este repaso debemos ubicar, también, lo que llamamos entidades y actividades no lucrativas. Su objetivo es beneficiar al socio o a un determinado sector social, sin que, en la actividad que se realiza, se repartan «beneficios» pecuniarios. Las entidades no lucrativas, sin ánimo de lucro, mueven dinero y algunas, como las deportivas o las cajas de ahorros, mucho, pero los beneficios se deben reinvertir. No tienen accionistas, sino socios. Estas entidades no pueden ser clasificadas como públicas (aunque hagan una función pública, pero no son estatistas) ni como privadas (aunque las dirijan privados, pero no tienen ánimo de lucro). Algunas son, incluso, consideradas «Corporaciones (privadas) de derecho público». Muchas de estas entidades viven en parte de cuotas de socios, en parte de subvenciones públicas y en parte de sponsors privados. Y, por ello, no siempre pueden mantener su pretendida independencia.

Existe otro tipo de «servicios», medio legales, medio ilegales, considerados por algunos como libres, por otros «forzados», que se relacionan con el sexo y el afecto. Los que consideran la prostitución como un fenómeno libre y natural piensan que ésta debe convertirse en un servicio público o privado; pero en cualquier caso «seguro» y «digno». Posiblemente, éste es uno de los casos más representativos de todos los que hemos ido comentando. Una cosa es aceptar que para vivir es preciso vender la propia fuerza de trabajo y otra, muy distinta, que es preciso venderse a sí mismo (o la cosificación de una parte de sí mismo). El afecto, el sexo, como el espíritu y la conciencia, son demasiado especiales como para ponerles un precio, para mercantilizarlos sin destruir la persona y su dignidad. Y no acostumbra a hacerse, si no es para sobrevivir. Si la gente tuviera medios para vivir dignamente, no sería tan fácil que niños, adolescentes y adultos se dejaran poner precio a su intimidad.

Y al lado del sexo, el espíritu. La prostitución del espíritu, con la compra de las religiones, se suma a las prostituciones de la política, de la cultura, del arte. El dinero, oscuro, lo pudre todo en estas esferas. En las grandes iglesias y en las sectas.

Toda esta «superestructura» tiene la capacidad de suscitar y de conducir los anhelos de liberación más profundos, o la capacidad de «alienar» a las personas y a los pueblos. Éste es su poder y quienes la «mantienen» conocen perfectamente ¡la rentabilidad de su inversión a fondo perdido!.

Después de algunos años de experiencia con la planificación estatista no queda más remedio que aceptar que el mercado, en determinadas condiciones y lugares, puede ser un buen mecanismo de producción y distribución de la riqueza. Pero, debemos precisar muy bien cuáles son estas condiciones. Y todavía más, debemos precisar lo que es mercantilizable y lo que no puede serlo por generar efectos secundarios, contrarios a los perseguidos.

La competitividad, si no es desleal, parece un buen sistema para desarrollar la «competencia», la capacidad de eficiencia responsable en cualquier ámbito «económico». Pero, debemos reconocer que la condición fundamental de su lealtad no acostumbra a cumplirse. Y además, competitividad no siempre significa ánimo de lucro, ni marginación de los perdedores, ni mercantilización de todas las realidades naturales y de todas las actividades humanas. Puede haber «competencia profesional» sin «competitividad mercantil» cuando existen otras motivaciones además de las lucrativas. Por tanto, debemos poner límites al mercado, fuera de los cuales su función de eficiencia se vuelve perturbadora y contraproducente.

De manera semejante, la comunitarización puede ser muy adecuada para preservar y potenciar espacios naturales y humanos en donde el aspecto no productivista de la vida pueda desarrollarse. Pero, la comunitarización no es sinónimo de estatalización y cuando ésta se acentúa, sobrepasando sus ámbitos propios, también crea disfunciones gravísimas.

¿Cuáles son, pues, los ámbitos propios y complementarios del mercado y de la «comunidad»? ¿de la libertad y de la solidaridad ? ¿de lo privado y de lo comunitario? ¿de lo lucrativo y de lo no lucrativo? y una vez definidos, ¿cómo facilitar la dinámica propia de cada ámbito sin interferencias ni dependencias fácticas de unos sobre otros?.

El mercado dirige bien lo que necesita intercambio cuantificado dentro de un marco de abundancia, de crecimiento, de ilimitación. Pero, resulta que la realidad tiene límites, más o menos evidentes, más o menos inmediatos, pero los tiene. Sin querer ser exhaustivos, y teniendo en cuenta la problemática planteada y las posibilidades de solución práctica, pueden existir tres grandes ámbitos que, en la actualidad, percibimos como espacios que, o bien se deben desmercantilizar o bien se deben proteger de una posible mercantilización:

La naturaleza, los recursos naturales, especialmente los fijos (como la tierra), los agotables y no renovables (como los minerales fósiles) y los no reciclables no se pueden mercantilizar sin poner en peligro la supervivencia de la vida en el planeta.

La persona humana, sus relaciones interpersonales, sus instituciones culturales y comunitarias son, también, difíciles de mercantilizar porque son de difícil medición (al ser más cualitativas que cuantitativas) y porque el poder del dinero puede convertirlas en peligrosísimas armas de poder contra las personas a través de la manipulación y la alienación de su intimidad.

El dinero, en sí mismo, instrumento principal de la mercantilización de la realidad, se vuelve un arma mortal cuando es mercantizado, cuando se le da autonomía sobre la realidad del mercado y, en algunos aspectos, de la comunidad; porque trastoca y desequilibra el mercado y la sociedad reales (inflación y deflación monetarias; especulación de títulos y de divisas).

Pero ¿quién, y cómo, ha de velar por esta desmercantilización de la naturaleza, de las personas y de la moneda? ¿Cuáles son los límites de «la comunidad» y, sobre todo, de aquel que históricamente pretende ser su representante?.

Si el mercado ha de tener unos límites, el Estado también. Éste, con todas sus instituciones de gobierno, en todos los niveles y ámbitos, no debería interferir en la dinámica del mercado haciéndole una competencia desleal: los servicios que ofreciese tendrían que ser gratuitos -pero con una gran libertad de ejercicio, no debería tener empresas productivas ni de servicios.

Para gestionar los recursos naturales se tendría que encontrar la manera de incorporar al costo de las materias primas unas «tasas verdes» para proteger los recursos, para investigar sucedáneos, para favorecer el reciclaje de los residuos y para impedir la contaminación. El suelo debería pasar a propiedad comunitaria -no estatal- y podría ofrecerse en alquiler a largo plazo para funciones bien delimitadas. Esto facilitaría la protección de los recursos, así como la ordenación racional y ecológica del territorio.

Un sistema monetario adecuado podría jugar un papel importantísimo para evitar sus propias disfunciones y para hacer viable el plan de desmercantilización de algunos ámbitos. Es muy posible que, sin un instrumento monetario distinto del actual, cualquier intento de cambio en todos estos ámbitos esté condenado al fracaso. El dinero continuará fluyendo, impune y oscuramente, de un sector a otro para corromper funcionarios, para promover la victoria de opciones políticas, para manipular noticias, para detener invenciones e investigaciones, para adormecer conciencias, para prostituir la cultura, para especular con el suelo y con el propio dinero.

Si se quieren distinguir ámbitos mercantiles y no mercantiles, se requieren instrumentos que faciliten la distinción. En este sentido se trata de ver si es posible un sistema monetario que -además de ser personalizado- deje rastro y responsabilice; se adapte a cada sector, ámbito y actividad; y que no permita romper impunemente los límites de cada uno. Como veremos en los próximos capítulos, se puede imaginar un sistema en el que haya una especie de «monedas» especializadas: una «moneda» que sólo pueda ser usada para financiar lo que no es mercantilizable y otra para lo que es propio del mercado; una «moneda» que deje constancia de la legalidad del intercambio; otra que facilite, sin burocracias, la comunitarización del suelo y la aplicación de tasas verdes sobre la extracción de materias primas y sobre la contaminación...

Para resaltar la importancia del tema acabaremos con unos impresionantes testimonios que, desde el interior de las respectivas profesiones -comunicadores de masas y juristas-, plantean crudamente el peso de la mercantilización y de la funcionarización.

A principios de siglo, Joan Puig i Ferrater (1926) expresaba muy bien el estado de servidumbre de la cultura. «Porque los periodistas que formamos parte de la plantilla de una empresa industrial estamos peor que los criados. Nuestra servidumbre es más sublevante. Yo vendría gozoso los servicios de mi cuerpo. Me gustaría saber un oficio: encuadernar, hacer cajas de cartón,...rendir ocho horas de trabajo para ganarme el sustento. Creo que sería para mí una cosa alegre. En cambio, no puedo soportar sin rencor, tristeza y amargura, la servidumbre del alma y de la inteligencia¹».

«El asno de noria saca agua para regar los campos. ¿Qué regamos nosotros? Fundamentamos la estulticia, la ignorancia, la mentira y el embobamiento. Impulsamos los negocios de otros, somos el escalón de todos los atrevidos y sinvergüenzas que hay en el mundo; nos doblegamos ante todos, incensamos a los cretinos y a los ídolos de latón. Sobre nuestras espaldas, sobre nuestra estúpida servidumbre crece la riqueza, la gloria, la vanidad, la autoridad, el abuso y el crimen; y nosotros nos consumimos en la miseria, el olvido y el rencor. ¡Y aun nos atrevemos a llamarnos intelectuales!...Y se nos compra con entradas de toros,... funciones benéficas, sueldos de peón y comidas aristocráticas²».

Aunque han cambiado muchas cosas, hoy continúa exisitiendo una sutil servidumbre de la cultura que se expresa de otras maneras, no menos corrosivas, tanto si el dominio es «privado» como «público». El conocido lingüista Noam Chomsky (1988) es claro en su análisis del sistema de comunicación de masas en los Estados Unidos, considerado el modélico guardián de la libertad.

«Los medios de comunicación de masas de los EUA... permiten e incluso promocionan enérgicos debates, críticas y disidencias, siempre y cuando se mantengan fieles al sistema de presupuestos y principios, que constituyen el consenso de la élite; un sistema tan poderoso que puede ser interiorizado en gran parte, sin tener consciencia de ello³». «La opinión pública está expuesta a poderosos y persuasivos mensajes desde arriba y es incapaz de comunicarse significativamente a través de los medios de comunicación en respuesta a estos mensajes... los dirigentes han usurpado una enorme cantidad de poder político y han reducido el control popular sobre el sistema político utilizando los medios de comunicación para generar apoyo, conformidad y una evidente confusión entre la opinión pública-citando a W. Lance Bennett⁴».

Y continúa: «En los medios de comunicación, de forma semejante que en el resto de grandes instituciones, quienes no muestren los valores y puntos de vista precisos, serán considerados «irresponsables», «ideológicos» o de alguna manera aberrantes y tenderán a ser arrinconados. (...) los que se adapten, tal vez honestamente, tendrán libertad para expresarse con poco control por parte de los directivos, y podrán afirmar acertadamente que no son objeto de presiones para adaptarse⁵». «Un periodista que no desee trabajar duramente puede sobrevivir, e incluso ganar respetabilidad, publicando información (oficial o confidencial) procedente de las fuentes habituales; estas oportunidades pueden ser negadas a los que no se contenten con transmitir las interpretaciones de la propaganda del Estado como si ésta fuese la realidad⁶».

«En resumen, los medios de comunicación de masas de los EUA son instituciones ideológicas efectivas y poderosas, que llevan a cabo una función propagandística de ayuda al sistema mediante su dependencia de las fuerzas del mercado, los supuestos interiorizados y la autocensura, y sin una coerción abierta significativa⁷».

El decisivo mundo de la comunicación padece estos males, pero no es el único. La administración de Justicia, al menos en España, es un buen ejemplo de lo que estamos comentando. Joan Roig Plans (1991⁸), abogado, concluye un reciente estudio diciendo que «sin una solución de choque, vemos difícil salir del agujero actual».

«La falta de calidad del trabajo de los profesionales (va) muy unida a una escasa o inexistente vocación a consecuencia de haber escogido la profesión como un trabajo con la estabilidad de funcionario o, en el caso de los profesionales libres, mercantilizando los despachos. En cualquier caso, haciendo que la motivación primordial del trabajo sea la obtención de unas ganancias, en lugar de un sentido de servicio o, incluso, del gusto por un trabajo bien hecho».

También considera que «litigar es para los ricos o para los desesperados que se encuentran en situaciones límite». «El elevado costo que comporta litigar provoca que los ciudadanos, principalmente los que tienen limitaciones económicas, renuncien a hacer valer sus derechos ante los Tribunales. Esto obviamente en beneficio de intereses ilegítimos. De la otra parte, también comporta que, con medios económicos, se puedan obtener, ilegítima y paradójicamente a través o con la amenaza de un litigio, concesiones de quien tenga dificuldades para hacer frente a los gastos». «El sistema de honorarios para la retribución del trabajo de los profesionales liberales que intervienen en la Administración de Justicia, no es equitativo porque gratifica principalmente según la cuantía de los asuntos».

Considera que «una Administración de Justicia ineficaz propicia la defensa de los intereses y la realización de los derechos al margen de los mecanismos legales y, por tanto, con un alto riesgo de arbitrariedad. Además, genera en la ciudadanía el sentido de impunidad de conductas ilegítimas, produce desencanto y escepticismo, y en definitiva la pérdida de ilusiones colectivas, que son esenciales para un bienestar solidario».

Sorprende positivamente la valentía de algunas de las alternativas que propone: «promover la creación de tribunales de deontología mixtos, con miembros de las distintas profesiones jurídicas y con jurisdicción disciplinaria sobre los profesionales de todas ellas, para asegurarse el evitar la impunidad que podrían motivar reacciones corporativistas» y «que el trabajo de los abogados y procuradores sea retribuido por el Estado, con prohibición absoluta de recibir cualquier emolumento particular en pago de trabajo por la defensa judicial».

Notas:

¹Puig i Ferrater, Joan (1926), Servitud, Edicions 62, Barcelona, 1985, página 66.
²Íd., página 91.
³Chomsky, Noam, y Herman, Edward S. (1988), Los guardianes de la libertad, Crítica, Barcelona, 1990, página 348.
⁴Íd., página 349.
⁵Íd., página 350.
⁶Íd., página 352.
⁷Íd., página 353.
⁸Roig i Planas, Joan, Alternatives per a un funcionament més eficaç de l'Administració de la Justícia, ponencia presentada en el «Aula Provenza», Barcelona, 14 de febrero de 1991.