Diario de un senador.
Mundo Diario. Domingo, 23 de Abril de 1978.
Participación popular en el ejecutivo.
Se ha dejado claro en días anteriores que una Constitución democrática debe reconocer que, al venir el poder del pueblo, ese mismo pueblo está en el derecho de control directo de todas las actuaciones políticas del Estado. Vimos las responsabilidades legislativas y judiciales. Hoy toca hablar de las ejecutivas.
El artículo 103 del primer anteproyecto decía: «La ley regulará la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en la formación de las decisiones administrativas que les afecten. También regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas».
No hubo votos particulares. En el capítulo de enmiendas, Carro Martínez –A.P.– quiere suprimir el primer párrafo por ser, según él, precepto de política normativa sin verdadero rango constitucional. Fue desestimada por la ponencia. López Rodó –A.P.– en cambio quiere añadir que la participación no sólo puede hacerse a través de organizaciones y asociaciones, sino también directamente.
Pero el texto final del Anteproyecto, una vez estudiadas las enmiendas resulta rebajado. En vez de la «participación de los ciudadanos», dice, «la audiencia de los ciudadanos».
Siempre queda de manifiesto el miedo cerval de los padres de la patria a cualquier forma de participación popular. Si a esto se añade la inercia y la falta de costumbre del pueblo, se comprenderá que en la nueva situación la democracia resultará estafada por los cuatro costados.
Alguien me pidió que constasen en la Constitución las asociaciones de Vecinos, y en general, cualquier clase de asamblea popular territorial, sea de barrio, sea de municipio, sea de comarca, como se reconoce la existencia de partidos y de sindicatos. Ya se ve que, de momento, sólo aparece esta alusión indirecta a las asociaciones reconocidas por la ley. Miedo al ejercicio libre del derecho de asociación.
Lluís M. Xirinacs.
