El Nacional. Barcelona. Martes, 23 de enero de 2018.
«En defensa del presidente Puigdemont» (Carta abierta a la profesora Marlene Wind).
Gorka Knörr.
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El lunes día 22 de Enero, seguí, como mucha otra gente, la intervención del presidente Puigdemont en la Universidad de Copenhague, facilitada por el Centre for European Politics, que usted dirige, profesora Marlene Wind. Esta intervención fue emitida en directo por el canal público catalán 3/24 y parcialmente en directo por cadenas de televisión privadas de ámbito estatal español; y tuvo un seguimiento nulo, por el contrario, de la televisión pública española, TVE, lo cual le puede dar una pista de cómo se trata la información sobre Catalunya por parte del gobierno español.
Después del turno del presidente Puigdemont, usted realizó una intervención, en la que hubo elementos de mucho interés, como el marco del respeto a la ley y la Constitución del Estado, a los cuales me referiré después. Pero también hizo usted unas afirmaciones que, dicho sea con el mayor respeto, reflejan un desconocimiento profundo de la realidad social y política catalana, y que abundan más en unos tópicos que, por mucho que hayan sido difundidos –y de manera muy reiterada por autoridades y medios de comunicación españoles–, no dejan de ser graves inexactitudes, cuando no mentiras, simplemente.
Pero vayamos al grano.
Atribuía usted al presidente Puigdemont haber comparado Polonia y Hungría con lo que estaba sucediendo en Catalunya. No, lo que tanto el presidente Puigdemont como una gran mayoría de catalanes denuncia es que la UE critique públicamente determinados comportamientos de las autoridades de estos estados, mientras que calla de una manera vergonzosa ante las violaciones de los derechos de los ciudadanos catalanes: represión violenta de manifestaciones pacíficas, violencia contra decenas de miles de personas que defendían pacíficamente las urnas, violación de correspondencia, asalto a medios de comunicación, prohibición de manifestación de personas mayores que piden la libertad de nuestros presos, prohibición de pancartas que reclaman «democracia», prohibición de exhibir públicamente piezas de color amarillo (distintivo de nuestra lucha pacífica), encarcelamiento –hace más de 3 meses que están en la prisión– de los líderes de organizaciones civiles, encarcelamiento de nuestros ministros –hace más de 2 meses que están en la prisión–, etc. Eso es lo que se denuncia, no que España sea Polonia y Hungría. Aunque después de lo que le he dicho, quizás España se parezca, en algunas cosas, más a Turquía que a un estado de la UE.
Decía usted también que España es un país más descentralizado que la República Federal Alemana (país del cual proviene, por cierto, mi familia). Pues mire, no. El Estado Libre de Baviera, por ejemplo, tiene una gran delegación en Bruselas, justo delante del Parlamento Europeo, mientras que en España se discute y se persigue nuestro derecho a que Catalunya o el País Vasco tengan delegaciones en el extranjero. Los estados federados alemanes participan de la creación de opinión que defiende el conjunto del Estado alemán ante las autoridades de la UE, e incluso ministros regionales llegan a presidir sin ningún problema reuniones de ministros de Estado de la UE representando el conjunto del Estado miembro, cosa que no sucede en España. Y por descontado dudo de que en Baviera o cualquier otro Estado federado alemán el gobierno alemán se dedique a suspender, una por una, las leyes aprobadas en sus parlamentos regionales, cosa que pasa, una y otra vez, en el caso del Parlamento catalán. Y es que en España, como usted recordó, se aprobó hace 40 años, muy mayoritariamente (también en Catalunya, no así en el País Vasco, donde la abstención fue del 55,3% y los «no» fueron el 23,5%) una Constitución que sólo conoció un breve periodo de «lectura amplia» –hasta el golpe militar de 1981–. A partir de entonces todo ha sido una recentralización y una lectura restringida del texto constitucional, dándose además la paradoja que los que hoy gobiernan en España y destituyen a un Gobierno y disuelven un Parlamento en Catalunya son los que votaron «no» a la Constitución de 1978.
Hay, además, un hecho relevante, y que explica lo que les quiso transmitir el presidente Puigdemont. Los catalanes aprobaron en septiembre del 2005, con el 90% de escaños de su parlamento, la propuesta de Nuevo Estatut; aquella iniciativa, muy recortada, fue aprobada por el Congreso y el Senado de España, ratificada en referéndum en Catalunya en junio del 2006, y firmada por el Rey. No obstante, cuatro años después, el Tribunal Constitucional, a instancias del Partido Popular y muchos «notables» del Partido Socialista, declaró inconstitucional gran parte de aquel Nuevo Estatut. Aquella decisión, que algunos constitucionalistas españoles, como el profesor Pérez Royo, calificaron de «golpe de estado constitucional», desencadenó las grandes y multitudinarias manifestaciones pacíficas en Catalunya durante los últimos 7 años, así como el llamado «procés català» que reclama el ejercicio del derecho de autodeterminación.
Por lo tanto, cuando hablamos de respetar las leyes y la Constitución, pregunte usted cómo es posible que una región europea que depositó su confianza en la Constitución de 1978 está hoy reclamando, muy mayoritariamente, el derecho de autodeterminación. Tengo que informarla de que sondeos publicados a lo largo de los últimos 8 años revelan que el 80% de la población catalana (tanto para votar «sí» como para votar «no») quiere ser consultada sobre su futuro, que las fuerzas republicanas partidarias del derecho de autodeterminación representadas en el Parlament suman el 55%, y que las que están de acuerdo con un referéndum pactado suman, por otra parte, el 69% (son datos de las elecciones del 21 de diciembre de 2017)
Hablaba usted de «sólo un 43% de votantes» en el referéndum del 1 de octubre. ¿Se da cuenta usted de lo que significa un 43% en un país ocupado policialmente, con 10.000 policías y guardias civiles españoles (que no tienen competencia de orden público en Catalunya) golpeando a la gente que defendía pacíficamente las urnas, disparando balas de goma en Catalunya, donde su parlamento las prohibió en abril del 2014, dejando más de 1.000 heridos, sometidos, en fin, a una violencia reflejada en unas imágenes que han conmovido el mundo?
También hablaba usted de la estabilidad en Europa, de que estaría en peligro por el proceso catalán y una hipotética extensión en otras regiones europeas, llegando a decir que eso haría feliz a Putin. Mire usted: lo que Europa no puede hacer es esconder la cabeza e inhibirse de los problemas internos de sus estados, y más cuando se atenta contra los derechos reconocidos en la Carta Europea de Derechos Humanos. Hace años que se vienen haciendo propuestas, por ejemplo, a la Comisión Constitucional del Parlamento Europeo, para llevar a cabo la «ampliación interna» de la UE. La respuesta siempre ha sido un portazo, oposición absoluta a cualquier propuesta. Y déjeme preguntarle una cosa: ¿hay alguna región europea en la que a lo largo de 7 años se hayan movilizado entre 1 y 2 millones de personas (imagina usted manifestaciones, 7 años seguidos, de unos 5 millones de habitantes de Renania Westfalia, o, para ponerle una hipótesis próxima, de más de 1,5 millones en Dinamarca)? ¿Usted cree que en Alemania o en Dinamarca, un gobierno no habría iniciado, cuando menos, un proceso de diálogo? No caricaturicemos la situación, como ya hace Jean-Claude Juncker, cubriendo las espaldas del gobierno español; no hay ninguna región europea en que esté sucediendo lo que pasa en Catalunya, y, además, es precisamente no afrontar los problemas lo que puede llevar a, entre otras cosas, al hecho de que los ciudadanos de la UE recelen, cada vez más, de las instituciones comunitarias, cosa que no deseamos en absoluto.
Habló usted también de «dividir Europa en 200 estados étnicamente puros en el sentido de tener una única identidad», lo cual revela su desconocimiento profundo de la realidad catalana. El independentismo catalán puede ser muchas cosas, pero nunca algo basado en propuestas étnicas; sí, en cambio, en la defensa de la cultura y lengua catalanas, nunca en contradicción con los centenares de culturas que conviven en Catalunya. Barcelona acogió la primera gran manifestación pro-refugiados (otra vergüenza europea), a la cual asistieron a más de 500.000 personas, en febrero de 2017; el gobierno catalán hace años que forma personas para poder tutelar la acogida de refugiados y que urge a Madrid (que tiene la competencia) para poder acoger a esta gente que, por ejemplo, y con dinero europeo, se deja morir en el Mediterráneo. Catalunya es una tierra en la cual se vive la multiculturalidad con total libertad y naturalidad y en la cual, dicho sea de paso, a nadie se le prohíbe expresarse en lengua castellana o española. Su afirmación que en Catalunya se prohíbe hablar castellano no es sólo una gran mentira, es realmente una afirmación ofensiva, que sólo puede hacerse desde el desconocimiento más absoluto de la realidad catalana.
Creo, señora Wind, que necesita usted darse una vuelta por Catalunya. Me ofrezco personalmente a acogerla, para que pueda usted, libremente, formarse una opinión. Creo también que el mismo Parlament catalán estaría encantado de invitarla a Catalunya, para que hable también con absoluta libertad con todos sus representantes políticos y sociales, para poder formarse una opinión como es debido de la sociedad catalana actual. Eso sí, señora Wind, para visitar a los más significados líderes cívicos, Jordi Sànchez (presidente de la Assemblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural), tendrá usted que desplazarse a las prisiones en las que están encarcelados. Eso sí que no sucede ni en Polonia ni en Hungría. Para vivir alguna cosa parecida, usted tendrá que ir a Turquía o a la muy democrática República Popular China.
Atentamente,
Gorka Knörr.
Exmiembro del Parlamento Europeo.
Enlace del artículo original en castellano:
https://www.elnacional.cat/es/opinion/gorka-knorr-carta-puigdemont-marlene-wind_232083_102.html
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