Decía Lluís Maria Xirinacs (1932-2007): «La independencia de cada nación es el bien más preciado para establecer la paz en la Tierra».
Si cumplimos este principio para todas las naciones del mundo, podemos afirmar que habremos resuelto el problema de los conflictos entre las naciones en su justa mitad, pues la otra mitad corresponde a lo que afirmó Alexandre Deulofeu (1903-1978), que es la también necesaria confederación de todas las naciones libres de cada continente, y la confederación de todos los continentes, hasta alcanzar la Confederación mundial, culminación del proceso político planetario.
En estas condiciones reivindicadas por Xirinacs y Deulofeu no hay ninguna contradicción entre la libertad de cada nación y la fraternidad entre todas ellas.
Para demostrar que tampoco hay contradicción entre el derecho de libre determinación de los pueblos y la actual legalidad vigente en el Estado español, ofrecemos tres textos legales, dos a nivel internacional, ratificados por el Estado español y uno a nivel del mismo Estado español, que demuestran que tanto la legitimidad de la voluntad popular de cada nación como la legalidad avalan el reconocimiento de este derecho.
Desgraciadamente, este derecho se conquistó en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, combatiendo contra unos imperios arrogantes porque se creían eternos. El día que el logro de cada paso en esta dirección se produzca sin violencia, habremos asentado las bases para alcanzar la paz mundial.
Equipo del Centro de Estudios Joan Bardina.
Fecha de creación: Martes, 7 de Marzo del 2017.
Última modificación: Sábado, 6 de Enero del 2018.
1. Carta de las Naciones Unidas. San Francisco. Martes, 26 de Junio de 1945.
«Capítulo I.
Propósitos y principios.
Artículo 1.
Los Propósitos de las Naciones Unidas son:
(...)
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;».
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de los derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nueva York. Viernes, 16 de Diciembre de 1966.
«Artículo 1.
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjudicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas».
3. Constitución española. Miércoles, 6 de Diciembre de 1978.
«Título I. De los derechos y deberes fundamentales.
Artículo 10.
(...)
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».
(...)
Título III. De las Cortes Generales.
(...)
Capítulo III. De los tratados internacionales.
(...)
Artículo 94.
1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:
- Tratados de carácter político.
- Tratados o convenios de carácter militar.
- Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
- Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
- Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.
(...)
Artículo 96.
1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
(...)».
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