Blog AlfDuranCorner.com. Jueves, 25 de Julio de 2019.
Silencios cómplices.
Alfons Durán Pich.
Focus: Economía.
Fecha: Jueves, 25 de Julio de 2019.
En la empresa privada, que es el mundo en que yo siempre me he movido, cuando se produce un cambio en la cúpula (en la propiedad o en la dirección) aparecen pasivos ocultos (muchos bajo la moqueta), que la más apurada auditoría (due diligence) ha sido incapaz de identificar.
En la empresa pública u organización similar, cuyos accionistas no voluntarios somos los contribuyentes, ocurre lo propio, con el añadido de que los sistemas de control (si existen) informan muy tardíamente.
Lo que todavía es más criticable es que una organización parapública, como es el caso de la Cámara de Comercio de Barcelona, que representa o debería haber representado al conjunto de empresas del territorio, haya tenido en conserva durante casi siete años un informe fechado en noviembre del 2012, cuyo título es muy significativo: «Conseqüències econòmiques d’un estat propi a Catalunya» («Consecuencias económicas de un estado propio en Cataluña»).
Con la incorporación de la nueva junta, en la que domina el empresariado independentista, se ha abierto la caja y ha aparecido el documento, que rápidamente se ha hecho público. Una somera lectura de sus 37 páginas permite comprender el porqué de ese ocultamiento, ya que las conclusiones del estudio rompen los argumentos de la junta anterior, marcadamente españolista, que sólo veía aspectos negativos en la separación entre Catalunya y el Estado español.
Hace un par de semanas publiqué en mi web la columna «Money», en la que expresaba mi convencimiento, contrastado con hechos, de que la razón última y definitiva del «no» del Estado a la independencia de Catalunya era el dinero y nada más. El informe del servicio de estudios de la Cámara, técnicamente muy bien desarrollado y documentado, se centra en el período 2007‑2011, tras la gran crisis económica-financiera del sistema capitalista, y acaba ratificando mi diagnóstico. Hay que señalar que las variables que maneja, por ejemplo las tablas Input-Output de las relaciones comerciales entre Catalunya y España, han seguido la tendencia precedente, en el sentido de que el mercado español (sin Catalunya) va perdiendo peso paulatinamente para las empresas catalanas. Es decir, lo que allí se dice no sólo se mantiene sino que se acrecienta.
En ocasiones el informe peca de cierta ingenuidad respecto al probable comportamiento del Estado español y de la Unión Europea para resolver este contencioso, ingenuidad que se ha visto confirmada por la praxis política. Ninguno de estos agentes ha respondido democráticamente a las demandas de Catalunya.
Dicho esto, veamos algunos de los párrafos más significativos:
En el límite, el Estado propio sería un estado independiente en el marco europeo. Pero también serían estado propio otras fórmulas que respeten el principio de la plena bilateralidad. Por ejemplo: un Estado propio se podría constituir en base a una hacienda propia (recaudación y gestión de los recursos fiscales que se originan en el territorio) y plenas competencias sobre la planificación, la financiación y la gestión de las infraestructuras (entre otros áreas donde Cataluña podría asumir plenas competencias). Una fórmula intermedia entre el actual sistema y la plena independencia podría surgir como resultado de un pacto de naciones, que abriría un proceso constituyente para dar lugar a un nuevo marco político de asociación entre iguales, al que el pueblo de Cataluña se adhiera haciendo uso de su derecho a la autodeterminación –lo que es reconocido y conserva a perpetuidad–.
Si el diferencial en los saldos exteriores observado durante el periodo 2009‑2011 se mantuviera con la separación, una economía española sin Cataluña tendría todavía más dificultades para ser viable en el contexto de la zona euro que en la actualidad. En cambio, la economía catalana sería más viable dentro de la zona euro por sí misma de lo que es en la actualidad, como parte del Estado español.
A corto plazo una economía española sin la aportación de Cataluña tendría que realizar un esfuerzo de ajuste más intenso de lo que es el caso actualmente. Esto seguramente no sería posible sin una asistencia financiera reforzada por parte de la Unión Europea –lo que es improbable–.
No hay duda que la economía catalana ha demostrado una elevada resiliencia, comparable a la de economías tradicionalmente tan orientadas a la exportación como la holandesa, o que se han beneficiado de un tipo de cambio flexible, como la americana. Este buen comportamiento es consistente con la evolución favorable de los costes laborales unitarios los últimos años y demuestra mejor que cualquier otro indicador la capacidad de la economía catalana para prosperar en un entorno abierto a la competencia internacional.
Lo que ofrece el Estado propio es la oportunidad para construir un nuevo marco institucional que además de facilitar un comportamiento adecuado de los costes laborales, favorezca la inversión en capital productivo (físico, humano y tecnológico) que es la base de la productividad y, en última instancia, de la competitividad de las naciones. Esto conecta con la cuestión de como aprovechar los recursos liberados por la desaparición del déficit fiscal para alimentar la inversión productiva.
La eliminación del déficit representa un impulso fiscal que se transmite al PIB a corto plazo por la vía de un aumento de la demanda agregada (mediante una reducción de los impuestos y/o un aumento del gasto público). Normalmente las empresas disponen de un cierto margen para aumentar el grado de utilización de la capacidad productiva, más reducido cuanto más expansiva sea la fase del ciclo económico en la que se encuentran. También existe una reserva de fuerza de trabajo que se puede incorporar de manera relativamente rápida a la producción, sin generar excesivas presiones inflacionistas a corto plazo. Por lo tanto, en una situación cíclica normal, la desaparición del déficit fiscal impactaría positivamente sobre el nivel de actividad, con mayor intensidad como menor sea la propensión marginal a importar y a ahorrar de los agentes económicos.
Otra vía sería un posible boicot de los consumidores y productores españoles a los productos catalanes como reacción a la «independencia» de Cataluña. En relación con esta cuestión hay que tener en cuenta que, desde una perspectiva macroeconómica, una reducción de las exportaciones catalanas a España, compensada por una reducción de las importaciones catalanas de España por el mismo valor, no tendría efectos a corto plazo ni sobre el nivel del PIB, ni sobre el saldo exterior de las dos economías. Lo que cuenta a corto plazo a efectos macroeconómicos son las variaciones en el saldo comercial con España, no las variaciones en el volumen total de intercambios.
Castigando la marca se castiga toda la cadena de valor y, de retruque, se produce una penalización no deseada de las propias exportaciones en el país que se quiere castigar. Los boicots pueden tener un efecto «boomerang», que los convierte en instrumentos poco efectivos al servicio de objetivos irracionales.
La capacidad de ahorro de la economía catalana habría sido en principio suficiente para financiar toda la inversión en el país con recursos propios –sin depender de la financiación exterior– y utilizar la diferencia para reducir la deuda (pública y/o privada) y/o prestar recursos al exterior. En el caso de España la situación es exactamente la contraria. La explicación de esta situación aparentemente paradójica es que la mayor tasa de ahorro catalana no ha servido para financiar una mayor tasa de inversión en el propio país, sino para alimentar el déficit fiscal. Mientras que, por otro lado, una parte de los recursos que permiten al resto del Estado financiar una tasa de inversión superior a su tasa de ahorro proviene, a su vez, del déficit fiscal catalán. La cuestión decisiva en clave de futuro es como se gestionaría la disponibilidad sobre estos recursos en un escenario con Estado propio. O, con otras palabras, como se puede transformar el ahorro «forzoso» que representa el déficit fiscal en ahorro «deseado» y este en inversión productiva.
En conclusión: sin la detracción de la renta disponible que representa el déficit fiscal, una economía catalana con Estado propio tendría la oportunidad de aumentar su potencial de crecimiento a largo plazo y por tanto más posibilidades de llegar a formar parte del grupo de economías de pequeña dimensión que encabezan los rankings internacionales de prosperidad y competitividad en todo el mundo.
El déficit fiscal según la metodología del «flujo de beneficio» ya recoge el coste de los servicios que el sector público central presta a Cataluña, tanto por los servicios que el Estado español presta físicamente a Cataluña, como por aquellas otras funciones que no se pueden asignar territorialmente pero que se considera que benefician en proporción a los ciudadanos de Cataluña (servicios comunes del Estado, como la defensa o el servicio diplomático, o la carga de la deuda pública, que es la contrapartida al coste de servicios prestados y financiados con emisión de deuda).
El valor del déficit fiscal según el flujo del beneficio y neutralizado por el ciclo económico fue de un 5,7% del PIB catalán de media a lo largo del periodo 2006‑2009. Por lo tanto, esta sería la ganancia mínima a largo plazo para el sector público catalán si una Cataluña con Estado propio reprodujera a escala todas las funciones que asume actualmente el sector público central más el coste de los servicios que presta directamente a Cataluña. Esta cifra representa una ganancia mínima porque no parece justificado que Cataluña asumiera a escala todas las funciones del sector público central que ahora contribuye a financiar. En algunos casos porque ya tiene las competencias correspondientes y en otras porque quizás no tendría sentido (¿un ejército a escala?). Por lo tanto, hay margen para que las estructuras de estado sean menos onerosas del que son actualmente en el Estado español.
En conclusión: se puede afirmar que una Cataluña con Estado propio tendría una posición fiscal significativamente mejor que en la actualidad –incluso suponiendo que el coste per cápita de las estructuras del nuevo Estado catalán fuese el mismo que el coste per cápita del sector público central en España (incluida la Seguridad Social)–. Además, si el reparto de activos y pasivos se decide de acuerdo con principios de una mínima equidad, el nuevo Estado catalán nacería con un nivel de endeudamiento soportable. Lo que es dudoso es que el sector público catalán pueda continuar siendo sostenible y solvente con la situación actual.
La pérdida de peso económico y empresarial de Cataluña en el contexto del Estado español durante los últimos años seguramente no es ajena a determinadas políticas planificadas y ejecutadas desde el sector público central, especialmente pero no sólo en el ámbito de las infraestructuras. Aunque no sean la causa única ni principal. Cuando el problema es estructural, el Estado propio puede llegar a ser el único instrumento efectivo para evitar la subordinación a un poder central que no tiene bastante en cuenta los intereses de la economía catalana.
El peso que representan las exportaciones catalanas en el extranjero han ido ganando peso en comparación con las ventas en España, hasta el punto de superarlas por primera vez en 2010. Esta tendencia se acentuó en 2011 (52,9% en el extranjero y 47,1% en España) y en parte se explica por la bajada del mercado doméstico en España, que estimula a las empresas catalanas a buscar mercados alternativos en el resto del mundo.
Finalmente, el Estado propio es también una oportunidad para acelerar el cambio gradual en la orientación del comercio exterior catalán, que se tendría que dirigir con más intensidad a los países que representan una mayor cuota del mercado mundial y tienen un mayor potencial de crecimiento.
Las inversiones del sector público central han sido en ocasiones poco justificables con criterios estrictos de racionalidad económica, a menudo en detrimento de las necesidades del tejido económico y empresarial catalán.
El porcentaje que representa Cataluña en el stock de capital público (principalmente infraestructuras) del conjunto del Estado es del 13,1%, muy inferior al peso que representa en términos de población o PIB. Y esta situación no parece en camino de corregirse, cuando se observa que los últimos seis años (periodo 2006‑2011) el Ministerio de Fomento ha invertido en Cataluña sistemáticamente por debajo de su peso económico en términos de PIB –con independencia de lo que pueda establecer el Estatuto de Cataluña, que es ley orgánica en el Estado español–.
La cuestión es quien decide el modelo territorial y en beneficio de quién. Concretamente, quien decide el modelo aeroportuario y como esta decisión afecta al potencial de crecimiento del aeropuerto del Prat. O quien controla la gestión de los puertos en todo el Estado español y como afecta las estrategias de los puertos de Barcelona y Tarragona en un mercado global. O quien establece las prioridades de las grandes vías de transporte en la península y como afectan la conectividad de Cataluña con el exterior.
Reclamar un Estado propio es plantear, de poder a poder, un nuevo equilibrio entre las diferentes necesidades económicas de una realidad peninsular diversa y compleja. Si dispusiera de competencias plenas en cuanto a la planificación, financiación y gestión de las infraestructuras Cataluña tendría la oportunidad de acelerar los proyectos que le tendrían que permitir competir en pie de igualdad con otras zonas económicas, y desarrollar todo el potencial de conectividad con el exterior que representa la cadena logística que articula el puerto y el aeropuerto con la red viaria y ferroviaria. Cataluña competiría con España y Francia para ser puerta de entrada de Asia a Europa, pero también se tendría que coordinar y cooperar con estos países en un marco de especialización de ámbito europeo. Los efectos sobre la competitividad del tejido empresarial catalán de una política de infraestructuras más racional y eficiente, puesta al servicio de la economía catalana, pueden llegar a ser muy significativos. Hasta el punto de ser uno de los principales argumentos en favor de un Estado propio, en el que la capital ya no fuera «París».
Una economía española sin la aportación que hace actualmente Cataluña encontraría de entrada mayores dificultades, pero también tendría un incentivo más fuerte para reformar radicalmente el actual marco institucional y de gobierno.
Para Cataluña el cambio institucional representa una necesidad todavía más urgente. No sólo por el hecho de que el Gobierno de la Generalitat tenga que soportar una situación fiscal difícilmente sostenible, cuando al mismo tiempo Cataluña mantiene un déficit fiscal excesivo con el resto del Estado. Una razón todavía más fundamental es que Cataluña –como España– se tiene que poder dotar de los instrumentos políticos adecuados que le permitan liberar todo el potencial de su economía productiva. En caso contrario, ni Cataluña ni España tienen un futuro claro dentro de la zona euro a largo plazo.
Lo que ofrece el Estado propio es la responsabilidad como país de afrontar los riesgos y aprovechar las oportunidades en un entorno incierto, reconociendo como propios los éxitos y los fracasos colectivos. Asumir esta responsabilidad tiene un valor, pero es un valor subjetivo, vinculado a la conciencia de formar parte de un mismo pueblo, no el resultado de un análisis coste-beneficio.
No hace falta ser un experto en materia económica para darse cuenta, después de la lectura de este informe, que hace ya siete años que la opción independentista era la única vía razonable que le quedaba a Catalunya y a sus ciudadanos para salir de un entorno hostil (el Estado español) que sistemáticamente trataba de cercenar de raíz sus ilusionantes proyectos de mejora y progreso.
La cuestión de fondo de este perverso comportamiento por parte del Estado no era otra que mantener el flujo de fondos extraídos de los contribuyentes catalanes (el diferencial entre lo que pagamos y lo que recibimos), para reasignar los recursos de forma discrecional de acuerdo con sus intereses políticos.
Desde una óptica macro, esta conducta kamikaze (morir matando), mediante la que actúas contra tu principal vector económico, está en el terreno de la irracionalidad, por lo que no es presumible un cambio de signo.
Los que todavía hoy, por ignorancia o por una carga prejuicial enfermiza, apuestan por el diálogo y la negociación con el Estado, demuestran una incapacidad natural para comprender un fenómeno social, político y económico que es manifiestamente transparente.
La Catalunya autonómica ha muerto. La vía independentista es la única forma de sobrevivir. No tener conciencia de esta situación y actuar en consecuencia es hacer prácticas para el suicidio colectivo.
AlfDuranCorner.com.
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