El Punt Avui+. Domingo, 3 de Febrero del 2019.
Punt de vista. Opinió. Tribuna.
«#NovullpagarConsejo» (No quiero pagar al Consejo).
Albert Vidal i Raventós. Psicólogo.
«No entendemos que se amenace a los psicólogos catalanes que no quieren pagar una cuota extra al Consejo General de Psicología de España».
Todo empezó ahora hace un año, cuando 50 psicólogas y psicólogos de la ANC pedimos a nuestro colegio profesional (COPC) que no nos cobrara la cuota destinada al Consejo General de Psicología de España. El Consejo es un organismo centralizado en Madrid, que agrupa a los colegios de psicología españoles, entre los cuales, todavía hoy, el Colegio de Psicología de Cataluña. Considerábamos que para hacer valer el mandato democrático del 1-O había que dar un paso adelante, en este caso dejar de pagar la cuota al Consejo, que el colegio catalán cobra aparte de la cuota colegial.
El COPC, pero, no hizo caso de nuestra petición, y nos giró el recibo del Consejo igualmente. A continuación, 80 colegiadas y colegiados decidimos devolverlo, hecho que inició, así, un pulso indeseado con el colegio catalán, que no solo se negaba a considerar nuestra petición, sino que adoptaba un rol persecutorio y castigador, advirtiendo con expedientes disciplinarios y expulsión del colegio, con los riesgos profesionales que esto podía implicar. Un año más tarde, y a pesar de la situación de desamparo colegial, seguimos con el retorno de los recibos de la cuota del Consejo. Y hemos crecido considerablemente, ahora somos 150, según datos oficiales del COPC.
Pero no entendemos que nuestro colegio continúe con amenazas de expedientes y expulsión, como ha hecho esta Navidad por correo postal. Hemos descubierto que los estatutos colegiales no regulan acciones como la nuestra, técnicamente un impago parcial de cuota (menos del 20%). Pedimos ser tratados en igualdad de condiciones, que se respete nuestra acción hasta que se logre al menos el importe de una cuota anual, que es el motivo legal para proceder a la baja. Y por eso pueden pasar unos cuantos años. También hemos descubierto que estos mismos estatutos, artículo 4.1, definen una relación bilateral con el Consejo, que en la práctica es inexistente, mera pertenencia orgánica. Es decir, se anuncian unos acuerdos pactados entre las partes que ni se han escrito ni se han firmado nunca. Esto dificulta saber qué contraprestaciones recibe el colegiado/colegiada por el hecho de pagar al Consejo, que después de un año preguntando seguimos sin conocer.
También hemos quedado sorprendidos de saber que la estructura española de colegios y consejos, regulada por la Ley de Colegios Profesionales del 1974, contraviene de manera flagrante la normativa europea. Una normativa que insta a una ordenación profesional basada en asociaciones de libre afiliación. La UE hace años que pide la reforma de la ley, pero los sucesivos gobiernos españoles la aplazan por presiones de los lobbies colegiales, reticentes a perder privilegios. Y así seguiremos, sorprendiéndonos y luchando.
Enlace del artículo original en catalán:
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1546640-novullpagarconsejo.html
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