El Punt Avui. Sábado, 10 de Octubre de 2020. Página 32.
Punto de vista. Opinión. Tribuna.
La imposición del 5G.
Santiago Vilanova. Periodista y consultor ambiental.
«Mientras sectores sociales y políticos europeos han iniciado el debate sobre el impacto social y ecológico, nuestras instituciones lo dificultan».
Corremos el riesgo que la Covid-19 se utilice para introducir estrategias digitales que, con la justificación del progreso tecnológico, avancen hacia nuevas formas de control y autoritarismo. En plena crisis del coronavirus el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat anunciaban que la ciudad se preparaba para ser el laboratorio europeo del 5G y para convertirse en uno de los hubs de innovación digital del mundo. ¿Donde se ha hecho el debate democrático antes de convertirse en un banco de pruebas ciudadanas de este nuevo paradigma? Mientras sectores sociales y políticos europeos han iniciado el debate sobre el impacto social y ecológico, nuestras instituciones lo dificultan. «El 5G llega a Cataluña y las conexiones serán cientos de veces más rápidas que las actuales. Esto es todo el que hay que saber», nos dicen.
Las gigantescas empresas de telecomunicaciones, con el apoyo de los gobiernos, preparan toda la logística al servicio de la extensión del 5G; una tecnología que comportará un cambio social sin precedentes a escala mundial y nacional. Bill Gates, Big Telecom y Big Data, así como las GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon), nos la venden como «el mejor de los mundos», puesto que permitirá que tengamos acceso instantáneo desde los lugares más inhóspitos y apartados y a la vez podremos estar controlados en nuestras actividades de movilidad y consumo. Disfrutaremos de muchos más dispositivos conectados al mismo tiempo: electrodomésticos de las casas, ordenadores, mobiliario urbano, vehículos autónomos...
Los estados están facilitando un marco regulador sin antes aplicar el principio de precaución, definido en el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la UE, y Alara (As low as reasonably achievable); es decir, optar por un impacto radiológico y electromagnético «tan bajo como sea razonablemente posible». Nuestros mandatarios, pero, esperan que el 5G se esté consolidado de forma irreversible para abrir el debate. Esta deficiencia democrática la hemos sufrido también cuando se introdujo la fisión nuclear, se quiere hacer también con la fusión, y con muchos insecticidas y herbicidas como el glifosato y los neonicotinoides ya comercializados.
El choque ecológico que provocará el 5G es imprevisible y preocupante. Harán falta millones de nuevas estaciones de base (torres de telefonía y antenas terrestres) en todo el planeta y más de 20.000 nuevos satélites en el espacio. Más de 3.000 médicos han firmado la Declaración de Friburgo y se ha organizado un llamamiento internacional de científicos y ONG de 204 países que piden una moratoria y manifiestan su alarma en la ONU y en la OMS por los efectos de los campos electromagnéticos y especialmente de las ondas milimétricas sobre los organismos vivos (ojos, células de la piel, alteraciones del ritmo cardíaco, células madre; cánceres, daños neurológicos...). El impacto puede ser más grave para los niños y jóvenes y personas electrosensibles que sufren intolerancia a los campos electromagnéticos.
Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el gobierno de la Generalitat, con especial dedicación del Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública, se han entregado totalmente a facilitar la extensión del 5G sin previa información y debate democrático, marginando las primeras reacciones de la sociedad civil, que reclama que el 5G no derive en aplicaciones tecnoautoritarias; que la potencia de las ondas electromagnéticas de esta red no afecte a la salud de la población; que el incremento del consumo energético que provocará junto con las tecnologías de la información y la comunicación, entre el 2% y el 2,5% según los expertos, no afecte a los objetivos de la ley de cambio climático y la transición energética. Según los científicos Lotfi Belkhir y Ahmed Elmeligi, de la Universidad McMaster del Canadá, el 5G aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 14% en 2040. En el caso catalán, nos preguntamos ¿cómo se cubrirá esta demanda añadida a la del coche eléctrico, si no tenemos consolidadas las energías renovables? ¿Alargando todavía más la vida de los reactores nucleares de Ascó y Vandellós?
La «República digital catalana» que nos propone el consejero Jordi Puigneró exige un debate público. Dado que el desarrollo digital es uno de los elementos centrales de aumento de las emisiones de efecto invernadero, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad nos tiene que garantizar que la introducción del 5G no las incrementará. Pero las preguntas que nos hacemos son de sentido común: ¿por qué necesitamos el 5G si ya tenemos otras generaciones de tecnologías que nos permiten comunicarnos con eficiencia y rapidez? ¿Se aprovechan las corporaciones de las telecomunicaciones de la crisis sanitaria para introducirlo sin respuesta social y política? Parece como si la Covid-19, el 5G y la emergencia climática formaran parte de una conspiración contra la democracia participativa.
Enlace al artículo original en catalán:
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1861521-la-imposicio-del-5g.html
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Probando la tecnología 5G en el Ebro. Xavier Garcia Pujades. L’Ebre. Viernes, 12 de Junio de 2020. Página 30.
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