El Nacional. Viernes, 14 de Junio de 2019.
Opinión.
Aquí no pasaría.
Gonzalo Boye.
Madrid. Viernes, 14 de Junio de 2019.
Tiempo estimado de lectura: 6 minutos.
A través del magnífico trabajo de los periodistas de The Intercept Glenn Greenwald y Victor Pougy, hemos podido descubrir la trama corrupta, y golpista, existente en el Brasil mediante la cual una serie de fiscales y jueces comandados por el exjuez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia con Bolsonaro, consiguieron alterar la realidad política llegando a encarcelar el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva después de acusarlo y condenarlo por corrupción.
Glenn Greenwald no es nuevo en el oficio de revelar tramas complejas, peligrosas y enquistadas en los aparatos estatales, tal como lo demostró con el caso de Edward Snowden. Si algo caracteriza a Greenwald es la seriedad, el rigor, la independencia y, sobre todo, el valor para denunciar, a través de su trabajo, cualquier tipo de montaje que ataque a los principios básicos de la democracia.
Lo que están explicando del Brasil bien puede enmarcarse en el que se ha denominado lawfare, anglicismo que surge de combinar law (ley) y warfare (guerra). Lo relevante, en todo caso, no es su denominación ni su definición, sino como se está extendiendo por varios países una estrategia que fue descrita por primera vez en Unrestricted Warfare, libro sobre estrategia militar publicado en 1999.
Sólo dos años después, en 2001, este concepto empieza a ser utilizado fuera del ámbito militar norteamericano y esto se produce, como bien constatan autoras como Vollenweider y Romano, a partir de la publicación de un artículo del general Charles Dunlap en la revista de la Duke Law School.
El lawfare no es más que la guerra a través otros métodos, pero con un claro objetivo: la aniquilación del enemigo, del contrario, del disidente y, esto, mediante la utilización no solo del derecho, sino, también y especialmente, de las estructuras del poder judicial que es llamado a jugar un papel vital en esta nueva forma de guerra.
Este nuevo tipo de guerra, implementada a través de la judicialización de la política, es una cosa que se está viendo en varios casos, especialmente en Latinoamérica, en países como Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia, etc., y que ha dado los resultados esperados por sus diseñadores: la aniquilación de los enemigos políticos mediante la «creación» de causas penales que bien acaban con estos enemigos en la prisión o destruidos mediáticamente y políticamente de manera irreversible.
El principal instrumento a través del cual se llevaría a cabo esta nueva forma de guerra, según Vollenweider y Romano, sería el poder judicial y esto porque en los últimos años se ha convertido «en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta situarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes».
Esto seria así, según estas mismas autoras, porque «es el único (poder) que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los otros poderes no tienen» y esto «le permite operar políticamente bajo una completa capa de institucionalidad» intentando «objetivos similares a los que en otro tiempo buscaban las fuerzas armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses» cosa que harían a través de «expertos», que hacen ir un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se orgullece de no estar «contaminado por la política» y, añado, dando la apariencia de imparcialidad.
Esta nueva forma de guerra ideológica sería la que importantes fiscales federales del Brasil, comandados por el actual ministro de Justicia de Bolsonaro, habrían utilizado para acabar con la carrera política de Lula, derrotar políticamente su partido y, de este modo, alterar, irremediablemente, el curso político brasileño con consecuencias que todavía tardaremos años a delimitar.
Lo que ha pasado en Brasil es muy grave, pero, seguramente, no somos capaces de dimensionarlo porqué nos coge lejos y porque no es sencillo contextualizarlo, pero si desbrozamos un ejercicio de imaginación, aunque todo esto no sea más que una ficción con fines didácticos, quizás podemos comprender como funciona esta estrategia.
Imaginemos, por un momento, que en lugar de Brasil estamos en España y que existe una opción política fuerte, seria y con un proyecto claro que, por ejemplo, planteara un modelo republicano y la independencia de parte del territorio del Estado. El mencionado proyecto podría ser combatido políticamente o, siguiendo los manuales americanos de la lawfare, también lo podría ser judicialmente... y seguimos en el terreno de las hipótesis.
Suponemos que se haya optado por hacerlo por vía judicial, para lo cual, entonces, habría que disponer de fiscales dispuestos a concertarse para generar causas penales que pudieran servir de base para criminalizar el mencionado proyecto político. Insisto, sólo estamos hablando figuradamente.
En cualquier caso, no habría bastante con disponer de un grupo de fiscales dispuestos a saltarse la ley y a utilizarla a su aire para que este proceso de criminalización del oponente político tuviera éxito, también harían falta jueces dispuestos a legalizar estas actuaciones, a llevar a la prisión, primero preventivamente, a los opositores, para, después de un proceso aparentemente legal, condenarlos y, de este modo, sacarlos de circulación para muchos años consiguiendo, por lo tanto, la derrota del proyecto político que representan pero por una vía «limpia» y aparentemente legal.
Muchos, llegado a este punto, nos plantearíamos que esto sería imposible en España porque, para lo cual, existen mecanismos que impiden los abusos y que, por ejemplo, se podría acudir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que recondujera estos comportamientos o que, a través de acciones penales, se podría exigir responsabilidad a estos jueces y, además, que siempre nos quedaría el Tribunal Constitucional para hacer cumplir los mandatos constitucionales y velar por el respecto de los derechos fundamentales.
El problema surgiría, y siempre hablando de manera hipotética, en el caso en que el CGPJ también estuviera formado por jueces dispuestos a participar en este lawfare y, también, si esto mismo pasara en el Tribunal Constitucional. En Brasil justamente esto es el que ha pasado y, ahora, la única esperanza de Lula y de su proyecto político está en el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, el equivalente americano del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Afortunadamente, lo que pasó en el Brasil, pasa en Ecuador, en Argentina, en Colombia y en otros varios países de Latinoamérica, pero no pasa en España porque aquí sería impensable que una conjunción así de intereses políticos se alinearan para generar un resultado tan perverso y, a través del retorcimiento de los instrumentos jurídicos y del uso del aparato judicial y fiscal, se pudiera aniquilar al enemigo político.
Francamente, creo que sería impensable que en España hubiera fiscales dispuestos a lo que ha pasado en el Brasil y, mucho menos, que las altas instancias jurisdiccionales estuvieran dispuestas a jugar el papel que han jugado en el Brasil, por mucho que después pudieran acabar ocupando cargos ministeriales.
En España, cuando un fiscal denomina «golpe de estado» a actos que en otros países se han calificado de meros ejercicios democráticos, lo hace no porque esté criminalizando la política, ni como parte de una «Spanish way of lawfare» sino por mero exceso dialéctico, puesto que aquí sería impensable que unos «gringos» o unos «sudacas» nos enseñaran un mecanismo tan expeditivo, brutal y crudo para acabar con los rivales políticos.
Tan claro es que estamos ante una ficción como que en España el «cuarto poder», la prensa, actuaría como un eficaz contrapeso que denunciaría una cosa de estas características y no pasaría como en el Brasil, Ecuador u otros países latinoamericanos donde los medios no solo callaron sino que fueron cómplices de esta barbaridad... La gran diferencia es que nosotros no necesitaríamos a Greenwald y Pougy para revelar una barbaridad tan grande porque aquí esto no sucedería.
Enlace del artículo original en catalán:
https://www.elnacional.cat/ca/opinio/gonzalo-boye-aqui-passaria_394381_102.html
Labor de investigación en The Intercept de los periodistas Glenn Greenwald y Victor Pougy descubriendo la trama judicial corrupta y golpista contra el expresidente del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva:
https://theintercept.com/2019/06/09/brazil-car-wash-prosecutors-workers-party-lula/
Enlace relacionado:
Lo tengo claro, ¿y ustedes? Gonzalo Boye. El Nacional.
