La Sitja del Montseny. Revista del Montseny. Abril del 2017. Número 42.
Editorial.
¿Qué pasa en el Montseny?
Hay que hacerse esta pregunta a razón de la sentencia del Tribunal Supremo que ha suprimido de raíz el Plan Especial de protección del Montseny. Desde el principio, tanto la argumentación legal que se ha utilizado para dictar la sentencia mencionada, como los orígenes del contencioso que la generó, son elementos que debemos analizar para averiguar los errores que nos han hecho retroceder a la normativa de protección que estaba vigente en 1977. Es necesario encontrar respuestas precisas a la situación y actuar en breve.
El porqué de la sentencia.
El fundamento de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) se ha basado en el hecho de que la Ley estatal 9/2006, de 28 de abril, obligaba a someter el Plan Especial de protección del Montseny (PE), que fue aprobado por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas el 11 de diciembre de 2008, al trámite de evaluación de impacto ambiental, de manera previa a su aprobación definitiva1.
El motivo por el que este trámite no fue llevado a cabo hay que atribuirlo, en primer lugar, a la necedad de los equipos jurídicos de la Generalitat de aquella época, pero también, probablemente, a las presiones recibidas por el ejecutivo de la parte de algunos grandes propietarios, que habrían visto en peligro sus proyectos especulativos en caso de que el Plan hubiera sido sometido a una evaluación ambiental rigurosa.
¿Por qué se promovió este contencioso?
Aparte de lo anterior, la demanda contencioso administrativa no estuvo motivada por intenciones altruistas, ni por inquietudes de protección ambiental. El demandante, Polígono Industrial de Can Sedó SL (PICS), presidida por Agustí Matamala Cura, es la empresa propietaria del embalse de Santa Fe. Esta industria, radicada en Navarcles, se dedica, aparentemente, a la producción de energía hidroeléctrica y del montaje y reparación de instalaciones de gas. En 2011, sin embargo, absorbió Áridos y Servicios Viales SL, empresa del ramo de la construcción2. Otras informaciones, procedentes de la Administración, destacan que la intención de PICS a la hora de promover el contencioso que ha acabado con la anulación del Plan Especial era poder revalorizar varias edificaciones auxiliares de su propiedad, que tiene esparcidas por diferentes puntos del Parque del Montseny. Con estos antecedentes no hacen falta muchos más comentarios.
¿Dónde estamos en estos momentos?
Sea como sea, la figura legal que «protegía» hasta hace poco el macizo del Montseny ha desaparecido. A partir de ahora, la legislación vigente es la misma que se aprobó en 1977 en la demarcación de Barcelona y en 1978 en la de Girona. Esto significa que una superficie de aproximadamente 1.700 Ha ha quedado fuera del límite del Parque (es aquella franja que se denominó pre-Parque) y, por tanto, sin la cobertura legal que le podía ofrecer el Plan Especial. A estas alturas a nadie se le debe escapar que nos encontramos en un punto de inflexión crítico, en cuanto a la conservación de este espacio natural.
De hecho, ahora tenemos más de 1.700 Ha la calificación de las cuales ha pasado a ser, únicamente, suelo no urbanizable, sin tener en cuenta, sin embargo, los valores naturales que puedan integrar. Todo ello augura un futuro poco complaciente.
Comienzan las maniobras.
Así, tampoco nos puede extrañar que hayan comenzado los tanteos hacia las autoridades del Parque, para iniciar o reanudar las actividades extractivas (como en el caso de Tagamanent), entre otros asuntos que afectan a las zonas protegidas, ahora cuestionadas por la nueva situación.
En efecto, ya han comenzado los movimientos de los especuladores para poner en marcha proyectos dentro de este territorio, y ya se habla de la instalación de nuevas construcciones hoteleras, en lugares que hasta hace poco eran protegidos: como es el caso de la masía de la Vila, en Viladrau, que ahora quieren convertir en hotel, probablemente con la inyección de capital ruso.
La Coordinadora para la Salvaguarda del Montseny (CSM) ha denunciado reiteradamente por lo pronto los peligros que, en este sentido, amenazaban el macizo del Montseny. Ahora, sin embargo, cuando se ha retrocedido cuarenta años en cuanto al contenido y los límites legales de esta protección, la amenaza se confirma definitivamente y se vuelve aún más ominosa.
La respuesta institucional.
¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ambientales de nuestro país ante la derrota? Lo cierto es que ha sido muy pobre.
Al margen de que no se haya escuchado ninguna mención autocrítica, con respecto a la pifia de los servicios jurídicos de la Generalitat y la Diputación de Barcelona (DIBA), la declaración institucional, emitida por esta administración el 23 de Febrero pasado, no contiene ningún medida precautoria para evitar maniobras especulativas en toda aquella área que ha quedado desprotegida. A pesar de las peticiones de la CSM y las que se han dirigido dentro del Pleno de esta institución por parte de la CUP, no ha sido aprobada ninguna medida cautelar que ponga freno a lo que puede ser el inicio de las presiones para desarrollar la especulación urbanística dentro del Parque Natural del Montseny.
De lo contrario, aunque se habla de proteger el espacio perdido, bajo el paraguas de la declaración de Reserva de la Biosfera, todo el mundo sabe que esta figura no goza de validez jurídica. Es en este sentido que el papel que jueguen en adelante los diferentes municipios que integran el Parque toma una importancia ambiental decisiva, tal como no lo habían tenido nunca antes.
Dicho en otras palabras: aquellos ayuntamientos que hayan integrado anteriormente, en sus normas urbanísticas, los preceptos de conservación del Parque, gozan de una herramienta importante para hacer frente a los ataques especulativos que, sin duda, tendrán que soportar. Los otros, que son la mayoría, a pesar de las normativas ambientales europeas, trasladadas las últimas décadas a nuestra legislación, que también ofrecen recursos para la protección, disponen de menos herramientas para enfrentarse a ellos. En algunos casos concretos, esta falta de herramientas va ligada a la nula disposición de los equipos municipales a hacerlo.
Es cierto que, aparentemente al menos, la DIBA y la Generalitat fían sus esperanzas «proteccionistas» en la aprobación del nuevo decreto de Declaración del Parque Natural del Montseny, que modifique la anterior Decreto 105/1987, dotándolo de nuevos organismos de gestión y dando cobertura a la nueva delimitación geográfica que preveía el Plan Especial ahora anulado. Pero no es menos cierto que este nuevo decreto no dispone de las definiciones y de los grados de protección que tenía el PE. En cualquier caso, este nuevo decreto ya hace años que circula por los despachos de nuestros gobernantes, sin que se hayan decidido a promulgarlo.
El papel de la ciudadanía.
En este punto hay que detenerse. Si antes de ahora, el terreno municipal ha sido el campo donde se han debatido, muchas veces, cuestiones relativas a la protección ambiental, en el período próximo este ámbito de discusión tendrá una relevancia especial. Por eso mismo, la participación de la ciudadanía en los asuntos que afectan a la conservación de los espacios naturales puede tener un papel capital en un futuro inmediato. No olvidemos que, por ahora, a pesar de las buenas noticias procedentes de la Diputación de Girona, ni la DIBA ni la Generalitat se han comprometido a marcar un plazo para tener lista la propuesta del nuevo Plan Especial que hay que elaborar, ni tampoco para preparar el Estudio Ambiental Estratégico que debe preceder.
Cuestiones legales aparte, existen otros aspectos no menos relevantes a la hora de considerar el contenido de lo que deberá ser el nuevo Plan Especial del Montseny.
En primer lugar, cabe destacar la necesidad de conseguir la máxima participación ciudadana en su confección. No nos valen los procesos participativos prefabricados, para saber lo que piensa el territorio. Es necesaria la máxima información sobre los pasos legales que se dan, las normas que se plantean, las propuestas que se dirigen por parte de los agentes sociales. Han pasado nueve años desde que se promulgó la anterior Plan Especial, y ahora es hora de aprovechar la experiencia acumulada y de revisar los fallos para hacerlo mejor esta vez. Sin dilucidar el contenido de todas las aportaciones que se hagan en este proceso, no resultará creíble el resultado de ningún proceso participativo.
El futuro del territorio y de su gente.
Otro aspecto, de relevancia especial, es el enfoque que damos a la recuperación e inserción del sector primario dentro del futuro del espacio protegido. Si no somos conscientes del carácter estratégico de su actividad en el macizo, entonces estaremos construyendo un instrumento inválido, destinado a contentar a las conciencias de algunos, pero no a resolver los problemas que plantea el reequilibrio territorial y la protección de los espacios naturales.
Sólo una visión amplia del futuro, que tenga en cuenta el papel decisivo que pueda jugar el encaje del campesinado en la protección de los espacios naturales, caminando paralela a la recuperación de la soberanía alimentaria, y que permita garantizar el futuro de estos espacios. Está claro que ser capaces de abordar este desafío requiere valentía. Por encima de todo, porque hay que huir de los esquemas clásicos ya periclitados del ladrillo y del turismo sin freno.
Por otra parte, es necesario que nuestros gobernantes tengan confianza plena en que la gente vinculada a la tierra dispondrá de los recursos éticos necesarios para entenderla y saberla tratar. Pero también hay que habilitar las medidas legales indispensables para hacer que las nuevas generaciones de agricultores tengan acceso a la tierra con las máximas facilidades legales y económicas, o de otro modo la transformación no será posible. Y aquí toparemos, sin duda, con los intereses espurios de los grandes propietarios absentistas, más interesados en obtener réditos inmediatos de sus tierras, aunque sea especulando con ellas, que cederlas en condiciones aceptables a aquellos que pueden sacar provecho, todo conservándolas.
Así pues, ¿qué pasa en el Montseny?
Sucede que estamos en un momento especialmente decisivo para la pervivencia de este espacio natural.
Sucede que la ciudadanía debe aferrarse a sus derechos ambientales y defenderlos con determinación, porque nos va el futuro de nuestro país.
Sucede que los gobernantes deben estar a la altura de las circunstancias, trabajando rápido y bien, incorporando las propuestas de la ciudadanía y garantizando la protección de este espacio natural tan emblemático.
Pasa que son necesarias transformaciones profundas en la relación propiedad-sociedad en cuanto al mundo rural en los espacios naturales protegidos.
Pasa que es un buen momento para conseguir un modelo territorial que dé respuesta a las necesidades reales de la gente y acabe con la destrucción del territorio.
Sucede que todavía estamos a tiempo de dar el ejemplo de lo que puede ser un espacio natural protegido regido por el interés general, la protección ambiental y el respeto por las generaciones que nos sucederán.
La CSM, dentro de sus humildes posibilidades, dedicará los esfuerzos necesarios para conseguir estos objetivos.
Consejo de Redacción.
Marzo de 2017.
Puesta de Sol en el Montseny.
Fotografía: Argi Ferrero Delgado.
Notas:
1Curiosamente, todos los demás argumentos esgrimidos por la parte actuante, contra la aprobación del Plan Especial, han sido desterrados en los anteriores momentos procesales.
2De hecho, el 33,3% de las acciones de PICS SL pertenecen a la empresa Albañilería y Contratas, SL, según consta en el Registro Mercantil.
Enlaces relacionados:
Balcó extra dedicado a las jornadas forestales de La Plana, 27 y 28 de junio de 1987.
1969: saludar al Ebro. Xavier Garcia i Pujades. El Punt Avui+.
Incendios forestales. Joan Baiget i Solé. El Punt Avui+.
Manifiesto fundacional de la plataforma para la defensa de Gallecs.
Reforestación. La experiencia del Tirol italiano.
Municipalización del suelo. La experiencia de Hungría.
El hombre que plantaba árboles. Jean Giono.
