A continuación reproducimos el siguiente texto. Es un documento de una jornada de trabajo de Esquerra Republicana donde se evalúa la propuesta de una Renta Básica Universal, comparándola con la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Desde el Centro de Estudios Joan Bardina creemos que es positivo cuantos más partidos políticos y candidaturas asuman en sus programas la instauración de una moneda nominativa que deje prueba jurídica de cada intercambio, a fin de hacer frente a la corrupción, y el establecimiento de una renta básica universal, para hacer frente a la miseria material.
Habrá de producirse la colaboración de todos estos partidos políticos y candidaturas que se han pronunciado en favor de estas medidas, a fin de alcanzar la mayoría suficiente en los parlamentos de cada estado o confederación de estados con moneda propia, pues difícilmente un solo de estos partidos o candidaturas alcanzará esta mayoría.
Agradecemos desde aquí, a las personas de Esquerra Republicana que nos la ha facilitado, la reproducción de este texto.
¿Renta Básica Universal o Renta Garantizada de Ciudadanía? Si a alguna conclusión llegamos en la jornada sobre rentas sociales fue que, independientemente de las ventajas e inconvenientes de cada modelo, lo que hay es redistribuir la riqueza de la forma más justa y efectiva posible. Con esta premisa, la República Catalana deberá construir con su propio modelo de renta que haga real un sistema progresivo de redistribución de la riqueza y sienta las bases de un estado catalán de bienestar socialmente justo.
Mientras tanto la situación es urgentísima. Ahora mismo, 1 de cada 5 catalanes no tiene el mínimo necesario para vivir dignamente y la pobreza es cada vez más extensa, intensa y crónica. En el caso de los menores la situación es aún más grave, 1 de cada 4 niños catalanes es pobre. Ante esto hay que fortalecer las políticas contra la pobreza en que es fundamental garantizar el derecho al trabajo, el acceso a la vivienda y unos ingresos mínimos para cada familia. Como dice la Mesa del Tercer Sector, la pobreza es evitable, hay que combatir las desigualdades con justicia social.
De la situación de pobreza y de exclusión social, Ramon Noró de la Fundación Arrels y Xavier Orteu, director de Insercoop, hicieron una exposición clarividente. La Fundación Arrels se dedica al apoyo de las personas sin hogar. Según el último informe del Consejo Económico y Social, 30 millones de ciudadanos europeos sufren de un mal alojamiento en la UE. Y esto es consecuencia de las no políticas en que no se abordan unos precios inasequibles para el acceso a la vivienda, la falta de redistribución de la riqueza o unas leyes restrictivas de extranjería que vierten mucha gente en la calle. Tal y como vaticina Ramon Noró, en el actual contexto de crisis, si no se ponen soluciones dentro de un tiempo tendremos más personas en exclusión y sin hogar. Mientras tanto hay que poner en marcha un plan de lucha contra la indigencia en que cada euro invertido nos ahorraremos 2'20 euros en realojos y servicios sociales. La ayuda a las personas sin hogar debe ser económica para que puedan decidir, sino estamos en el peligro de crear gente inhábil. Al fin y al cabo, en Cataluña no hay problema de vivienda, sino problemas de acceso a la vivienda. Xavier Orteu remachó el clavo, el problema más grave que tenemos es de fondo, al sistema no le interesa la gente que no tenga ingresos. Es imposible intentar ayudar a las personas a reinsertarse en el mercado laboral cuando la realidad es que no hay trabajo y se destruyen puestos de trabajo, por lo tanto estamos vertiendo la gente a la frustración. En las condiciones actuales, el sistema seguirá apretando las personas débiles, ante esto hay que encontrar fórmulas para que las personas se sientan útiles y crear espacios para hablar de lo que a uno le pasa, en definitiva un cambio en el marco de relaciones y implicar a la persona en su propio proceso. Pero una vez más la solución es atacar la precariedad económica porque en definitiva, la pobreza no es un estado, es un proceso, se crean condiciones que crean pobreza.
Rafael Arderiu, subdirector general de prestaciones sociales del ICASS, expuso de manera cuidadosa el mapa actual de las rentas sociales. De las prestaciones sociales, las más cuantiosas son las de competencia del Estado, las pensiones no contributivas de la Seguridad Social de carácter universal, las de jubilación. Entre las prestaciones delegadas por el Estado, destaca la de invalidez, derecho subjetivo de la persona, en que tienes que justificar ingresos inferiores a 5.108 euros anuales. De las prestaciones propias de la Generalitat nos quedó claro lo que todos ya sabíamos, que los recursos destinados resultan insuficientes y han acabado convirtiéndose de carácter paliativo, lo que en jerga popular se llama «tapar agujeros». Las prestaciones sociales se otorgan según unos requisitos y están sometidas a evaluación. Las personas que perciben pensiones no contributivas pueden solicitar complementos de alquiler (condición de no ser propietario ni arrendatario con relación de parentesco con una cuantía máxima de 465 euros) y por gastos del hogar (personas que han perdido la persona con la que compartían los gastos de hogar con unos ingresos inferiores a 9.000 euros/año con una cuantía 540 euros). Por otra parte, la Renta Mínima de Inserción, para personas con dificultades de inserción social y laboral y que se comprometan a un itinerario de inserción laboral (máximo de 420 euros mensuales). Paradójicamente, a pesar del aumento de la pobreza debido a la crisis, el presupuesto de la Generalitat a la RMI ha ido disminuyendo hasta los 130M. En total, de todas las prestaciones sociales otorgadas por la Generalitat se benefician unas 80.000 personas: PNC (55.638 personas, 270 M), Complementos PNC (41.190, 52M), Gastos Hogar (25.823, 12M) y RMI (22.666, 130M). Entre otras prestaciones figura la de la Dependencia, pero por su complejidad y evidente falta de recursos lo tuvimos que dejar para más adelante. Sólo decir a modo de ejemplo que en 2012 el Estado sólo transfirió 180M de los 1.200m que destinó la Generalitat.
Ante la situación de desigualdad social creciente, el modelo de Renta Básica Universal plasma sobre el papel un buen sistema de redistribución de la riqueza a lo que aspiramos como republicanos, pero que no está exento de dificultades y que hay que estudiar con precisión. Daniel Raventós y Jordi Arcarons nos lo explicaron bien. La Renta Básica es una asignación monetaria que reciben todas las personas que viven en un lugar determinado, es universal, incondicional y hay que considerarla como una política económica, más política que económica, que debe beneficiar a todos al mismo tiempo. Incluso los ricos también la cobran, pero obviamente contribuyendo más al sistema. La RB está pensada para garantizar una cantidad económica mínima para cubrir gastos básicos y que sustituya cualquier prestación pública con la posibilidad de ser complementada en caso de que la cuantía sea inferior, por ejemplo en caso de jubilación. Así la propuesta representa un ingreso a todas las personas mayores de 18 años de 7,968€/año o 664€/mes (Indicador de suficiencia) que se financiaría a través de un tipo único del 49'47% de la renta de personas físicas y al que habría que añadir otra cantidad vía otros ingresos. Hay que tener también en cuenta que sustituiría el importe destinado a las actuales prestaciones no contributivas. En Cataluña, su implementación representaría un gasto de 22.000 millones de euros. La RB supondría de facto una clara transferencia de riqueza, actualmente el efecto redistributivo de las rentas únicamente consigue rebajar un 4% el índice de desigualdad. Para implantarla, primero hay que vencer sus objeciones, como el tópico de que la gente no trabajaría, y destacar sus virtudes, por ejemplo en la lucha contra el fraude fiscal. La futura República Catalana, si queremos que sea justa, debe plantearse un modelo que tienda a la RB, pero sin perder de vista que deberíamos aspirar a que este sea el modelo social europeo y, porque no decirlo, de todo el mundo.
Mientras tanto, la que se ha presentado en el Parlamento de Cataluña vía iniciativa legislativa popular es la Renta Garantizada de Ciudadanía. En Sixte Garganté, miembro de la comisión promotora de la ILP, nos hizo cinco céntimos. La RGC es un derecho reconocido en el artículo 24.3 del EAC pero que aún no se ha desarrollado legalmente. La RGC es una prestación condicionada de derecho subjetivo para personas con ingresos inferiores a 664 euros/mes, mayores de 18 años sin límite de edad, que viven legalmente en Cataluña, con un empadronamiento de 12 meses y que se comprometan a firmar un contrato de inserción socio-laboral. La RGC propone un ingreso máximo de 664 euros por 12 mensualidades. Las personas que ya reciban una prestación inferior a 664 recibirían un ingreso hasta completar la diferencia. En caso de que se rechazara una oferta adecuada de trabajo se perdería la renta. En estos momentos, hay 650.000 personas en Cataluña que viven por debajo del umbral de la pobreza, lo que la implantación de la RGC representaría un gasto de 2.200 millones de euros, teniendo en cuenta que sustituiría las actuales prestaciones de la Generalitat, a excepción de la Dependencia. Su principal virtud, además de garantizar una vida digna, sería la reactivación del consumo que generaría debido a que serían dinero destinado a cubrir necesidades básicas. Y su principal escollo es cómo garantizar la reinserción socio-laboral, teniendo en cuenta que el problema real no es de reinserción sino que sencillamente no hay trabajo para todos.
Una sociedad justa es la que procura a todos las mismas oportunidades, ayudando a los que se quedan atrás. La que lucha al lado de los más débiles para hacer frente a los más fuertes. La que combate los grandes intereses económicos que van en detrimento del interés público. La que considera injusto que unos pocos tengan tanto y la mayoría tan poco. La que se solidariza con aquellos que lo pasan mal. Debemos ser capaces de construir la futura República Catalana sabiendo que la única forma para reducir las desigualdades es redistribuir la riqueza, la única manera para garantizar una vida digna para todos.
Francisco Sánchez.
Técnico de políticas sectoriales.
acciopolitica
esquerra.org
