Os ofrecemos el
contenido del
siguiente artículo monográfico dedicado a la corrupción y publicado por
el semanario Directa, dentro del Cuaderno Illacrua número 148, de lo
que nos congratulamos.
Sin embargo, las
personas que
conocen las medidas propuestas por el equipo encabezado por Agustí
Chalaux (1911-2006) y Lluís Maria Xirinacs (1932-2007) dentro del
Centro de Estudios Joan Bardina, se darán cuenta fácilmente que, sin el
establecimiento de un sistema monetario que fomente la transparencia y
sin la adopción de medidas que erradiquen la miseria, -estableciendo
así un verdadero sistema y finalizando con los antisistemas vigentes
desde hace unos 4300 años-, la corrupción sólo podrá ser mal contenida
un tiempo en aquellos lugares del mundo donde una etapa de prosperidad
ayude a ser más honestas las personas, como actualmente en los estados
nórdicos escandinavos, a la espera de que un ciclo posterior de miseria
impulse de nuevo las personas a prácticas corruptas por el hecho de
querer vivir por encima de las posibilidades de sus respectivos oficios.
Parafraseando el refrán
castellano,
podemos afirmar que «cuando la miseria entra por la puerta, la
honestidad sale por la ventana».
El mismo Agustí Chalaux,
bien
informado como estaba, ya afirmó en su momento la hipótesis de que Olof
Palme podía haber sido castigado por haber denunciado un escándalo que
involucraba al tráfico de armamento. Esto provocó después que, según el
propio Agustí, se tomasen medidas, vía cobro de comisiones en dinero
anónimo por este tráfico, para evitar así cualquier nuevo escándalo
noticiable de esta industria.
Tot ello evidencia, una
vez más, el
vínculo entre el dinero anónimo y los imperialismos, con sus
armamentismos cada vez más rápidamente obsoletos, nacidos
simultáneamente hace unos 4300 años en la antigua Mesopotamia.
Directa. Semanario
de comunicación. Número 315. 2 de mayo de 2013.
Cuadernos de
Illacrua, 148. A fondo. Nuevos estándares éticos en el seno de las
instituciones.
Medidas contra la
inmunidad de las corruptas.
Trece años después de
la entrada en
vigor del convenio contra el soborno de funcionarios extranjeros, la
OCDE alerta de que, en España, sólo se han llevado a cabo siete
investigaciones y ninguna ha desembocado en una acusación formal. Datos
como éste han situado la corrupción y el fraude como segunda
preocupación de la ciudadanía española, según la encuesta del Centro
de Investigaciones Sociológicas
(CIS). La crisis económica y la inexistencia de mecanismos de control
han puesto la alarma a la sociedad sobre la necesidad de establecer un
sistema de gobierno más íntegro. El fenómeno de la corrupción, sin
embargo, no se erradicará solo: requiere una reflexión profunda y el
establecimiento de medidas que nuestros gobiernos están esquivando.
Cristina Díaz Parareda.
Los dos efectos
principales de la
corrupción son el incremento de la desconfianza y los costes
económicos. Los casos de corrupción política que han sido de actualidad
estos últimos meses, como el caso Palau, el caso Urdangarin, el caso de
la Sanidad pública o el caso de las ITV, han generado costes para la
sociedad, que no ha recuperado los dinero robado, pero sí ha tenido que
aportar recursos para investigar, procesar, juzgar y condenar a los
responsables. Además, estas tramas corruptas han acelerado la
desconfianza hacia los partidos políticos y las instituciones, que con
la crisis económica ya se encontraban en el punto de mira.
Aunque, en general,
todas somos
capaces de reconocer un acto corrupto cuando lo vemos, el abuso de
poder en beneficio privado toma formas muy diversas y puede tener lugar
en canales muy heterogéneos. La corrupción se puede producir, por
ejemplo, en el ámbito de la administración y de las instituciones
públicas, así como en el ámbito privado. De hecho, los actos corruptos
en estos dos sectores se retroalimentan. En algunos casos, el
clientelismo y la connivencia entre la sociedad civil y los medios de
comunicación pueden generar complicidades con la corrupción. Otra
manifestación de la corrupción, últimamente más popularizada que nunca,
es la que está vinculada a las altas esferas de la decisión política,
la llamada corrupción política. Pero no podemos dejar de lado la
corrupción que tiene lugar a pequeña escala. Este espacio donde el
funcionariado público interactúa con las ciudadanas y donde también se
dan situaciones de abuso de poder a la hora de aplicar y de explicar
las leyes y las normativas a las que está sujeta la población. En
síntesis, podemos decir que la corrupción no es un fenómeno estanco ni
rígido, sino que se puede encontrar en muchos ámbitos y espacios de
interacción de nuestra sociedad.
¿Hay condiciones que
pueden
favorecer la corrupción? Evidentemente. Y los últimos años, Cataluña ha
estado expuesta de forma continuada. Las condiciones que facilitan la
aparición están vinculadas a las posibilidades de enriquecimiento
rápido, los procesos de rendición de cuentas débiles o persecución
débil de los delitos. No es muy difícil relacionar estos condicionantes
con la situación que ha vivido nuestro país los últimos años. Por
ejemplo, un crecimiento urbanístico en manos de unos gobiernos
-estatal, nacional y local- muy clientelares y un sistema de justicia
que no ha respondido con la contundencia y agilidad ante los casos de
corrupción que iban apareciendo.
Luchar previniendo.
Las propuestas y las
medidas para
luchar contra la corrupción no sólo deben ir encaminadas a endurecer
las penas de prisión para las personas que cometen actos corruptos. La
corrupción abarca muchos ámbitos de nuestra sociedad y, por tanto, hay
que reducir los espacios donde puede tener lugar. Además, en el caso de
que se produzca, hay que hacer lo posible para detectarla y erradicarla
con rapidez.
Para luchar, en primer
lugar,
debemos prevenir. El sistema educativo debería empezar a educar al
alumnado sobre los valores de la integridad y la honestidad y, por
tanto, debería denunciar la corrupción y no incentivarla. En Brasil,
por ejemplo, desde el año 2004, se conciencia a la sociedad,
especialmente la infancia y la juventud, sobre los valores de la
honestidad y la transparencia. La sensibilización por parte del
conjunto de la sociedad de que en un acto de corrupción perdemos todas
también está reforzada por las campañas que impulsan las organizaciones
civiles. Transparencia Internacional España o Transparents
(Transparentes), por ejemplo, dan charlas sobre la necesidad de
introducir mecanismos integrales de lucha contra la corrupción.
En el ámbito de la
administración
pública, la prevención de este fenómeno pasa por el estudio y análisis
de los focos de la corrupción. De manera general, podemos decir que la
corrupción se da en el ámbito de la administración local en el momento
de hacer concesiones de contratos, recalificaciones de terrenos o
convocatorias de puestos de trabajo. O bien, también, en el ciclo de
aprobación de leyes y presupuestos. En este sentido, la inexistencia
-tanto en Cataluña como en España- de una normativa sobre la actuación
de los grupos de intereses es un problema grave. En la unión Europea,
por ejemplo, existe un registro de grupos de intereses y ningún lobby
puede actuar sin estar registrado. Ahora bien, este registro no es
perfecto y diferentes miembros de la sociedad civil ya apuntan la
necesidad de mejorar la regulación. Otras medidas que propone la Convención
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
para mejorar la integridad del sector público son las declaraciones de
bienes y conflictos de intereses, la adopción de códigos de conducta y,
evidentemente, la sensibilización y la formación en materia de lucha
contra la corrupción.
Garantizar la
transparencia.
Otro elemento
preventivo y
disuasorio de la corrupción es la promoción de la transparencia. Según
un informe elaborado por la Oficina Antifraude de Cataluña, la
transparencia posibilita una mayor participación en los asuntos
públicos, reafirma la confianza de la ciudadanía en las instituciones y
aumenta las oportunidades de controlar y rendir cuentas a que deben
estar sometidos los poderes públicos. El Estado español es signatario
de varias iniciativas internacionales en materia de promoción de la
transparencia, como la Declaración sobre Gobierno Abierto (Open
Government Partnership) o la Iniciativa Internacional para
promover la Transparencia en la Ayuda Oficial al Desarrollo
(conocida como IAITI).
Aún así, el Estado todavía no dispone de ninguna normativa relacionada
con la transparencia- acceso a la información y buen gobierno que los
últimos meses se ha estado discutiendo en el Congreso- han sido muy
cuestionados por las organizaciones de la sociedad civil y por
especialistas en la materia.
El poco interés de las
instituciones
(y de los partidos políticos) para promover la transparencia y luchar
contra la corrupción enfatiza la importancia que tiene la sociedad
civil a la hora de hacer presión y hacer aflorar estos espacios oscuros
que dan pie a la corrupción. Por ejemplo, la necesidad de que el
proceso de discusión y aprobación de presupuestos sea transparente es
la reivindicación principal de la iniciativa Open Budget Partnership.
Por su parte, la ONG Transparencia Internacional ha
desarrollado una metodología llamada Sistemas Nacionales de
Integridad
y la filial española de esta organización ha medido la transparencia de
los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas. Otra
ONG estadounidense, Global Integrity, cada año, evalúa el grado
de integridad de una serie de países. Y no podemos olvidar la
reivindicación que hace Publish what you found
en materia de transparencia de la ayuda oficial al desarrollo. Cabe
recordar que, en el índice de transparencia de la ayuda oficial al
desarrollo, España ocupaba la 45ª posición de 72 en 2012.
Más allá de las
demandas vinculadas
a los índices y los estudios, también han surgido iniciativas que,
aunque no hacer hincapié directo en la cuestión de la transparencia,
intentan hacerse eco de las cuestiones públicas que, a menudo, son
silenciadas por los medios de comunicación. Los trabajos de la Fundación
Civio y las campañas El BOE Nuestro de cada día o ¿Qué
Hacen los Diputados? son una pequeña muestra, pero podríamos añadir
muchas más.
La importancia del
control.
El estallido de
numerosos casos de
corrupción hace patente que el control y la supervisión de la actuación
pública es poco efectiva. El entramado jurídico e institucional en el
que vivimos es cada vez más complejo y obsoleto. El Tribunal de
Cuentas español y la Sindicatura de Cuentas de Cataluña,
responsables de fiscalizar la gestión económica de las cuentas
públicas, hacen el trabajo con retraso. Por ejemplo, el Informe
del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de los estados contables
de los Partidos políticos y de las Donaciones percibidas por las
fundaciones vinculadas orgánicamente, emitido en marzo del 2012,
corresponde al ejercicio de 2007. Ante esta situación, habría reformar
y mejorar las capacidades de ambos organismos. De la misma manera,
podríamos referirnos a la Agencia Española de Evaluación (AEVAL)
o al Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua),
dos organismos encargados de garantizar unas políticas responsables,
eficientes, participativas, abiertas, coherentes -en cuanto la política
española- y, efectivas, eficientes y transparentes- con respecto a la
política catalana-. Asimismo, la Oficina Antifraude de Cataluña,
la única institución que vela por la integridad del sector público en
España, debería tener más recursos y una dimensión proporcional al
sector público que debe fiscalizar.
La lucha contra la
corrupción
también debe estar reforzada jurídicamente, tanto en términos
legislativos como judiciales. Esto quiere decir que el Código Penal
debería incluir y adaptar la tipología de delitos incluida en el Convenio
de las Naciones Unidas,
deberían endurecer las penas establecidas en el Código Penal para la
gente corrupta y también simplificar los procesos, reducir los plazos e
incluir medidas efectivas para recuperar el dinero sustraído. La
coordinación entre los organismos responsables de luchar contra la
corrupción es imprescindible y, por tanto, la Agencia Tributaria,
los cuerpos y las fuerzas de seguridad y las fiscalías anticorrupción
deberían tener suficientes recursos para hacer frente a la corrupción.
Además, la legislación debería adaptarse a los nuevos tiempos y
deberían modificar diversas leyes, como la ley de financiación de los
partidos, la ley de régimen local, la ley de contratos públicos, la ley
de la administración pública o la ley del régimen electoral.
No podemos olvidar que
España ha
asumido compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción y
que tiene la obligación de adaptar e incluir en la legislación interna
las medidas necesarias para cumplirlos. Estos compromisos son,
principalmente, la Convención de las Naciones Unidas Contra la
Corrupción (UNCAC), la Convención de la Organización
Europea de Cooperación y Desarrollo (OCDE)
para combatir el soborno de funcionarios públicos en transacciones
financieras internacionales y la normativa europea en la materia,
marcada principalmente por el Grupo de Estados Europeos contra la
Corrupción (GRECO) y por la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF).
Finalmente, habrá que
abordar la
responsabilidad del sector privado en este asunto. Ya hemos hablado de
los efectos que tiene la corrupción en las arcas públicas, pero el
sector privado también puede ver perjudicada su -tan apreciada-
competitividad. Por tanto, la adopción de códigos de conducta, la
promoción de buenas prácticas y el compromiso para establecer unas
reglas justas en los concursos públicos deberían ser medidas promovidas
por las principales organizaciones empresariales. De la misma manera,
las administraciones públicas deberían penalizar las empresas
involucradas en casos de corrupción e introducir medidas contra el
fenómeno de las puertas giratorias o del paso del alto funcionariado
público a las cúpulas directivas de las empresas y viceversa.
Hasta aquí, hemos
recogido una serie
de propuestas para mejorar un sistema que parece secuestrado. La
ciudadanía es testigo de cómo los partidos políticos y las
instituciones actúan al servicio de los intereses de las élites
económicas y políticas, al margen de cualquier pacto social. La
introducción de nuevos estándares éticos en el seno de las
instituciones debería servir para situaciones como las que vivimos
actualmente no se repitieran o, al menos, se puedan detectar, y porque,
más allá de los intereses partidistas, las reglas del juego democrático
sean claras, estén protegidas y nos alcancen a todas igual.
Más información:
Centro Europeo de
Investigación contra la corrupción:
http://www.againstcorruption.eu
Centro de
recursos contra la corrupción:
http://www.u4.no
Oficina
Antifraude de Cataluña:
http://antifrau.cat
Transparencia
Internacional:
http://transparency.org
Tipificar la
corrupción.
La Convención de
las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC),
el principal referente internacional sobre la materia, propone que los
Estados signatarios incluyan y tipifiquen como corruptos los siguientes
tipos de actos:
Soborno a
funcionarios del sector público y en el sector privado:
Cualquier promesa,
ofrecimiento o
concesión de beneficio con el objetivo de que la persona funcionaria o
empresaria actúe o se abstenga de actuar en cumplimiento de sus
funciones oficiales. De la misma manera, cualquier solicitud o
aceptación de beneficio también es considerada delito. Este delito
alcanza el territorio de un Estado, pero también puede ser perseguido
fuera del territorio en caso de que sea cometido por una funcionaria
pública extranjera, un organismo internacional gubernamental o una
persona que dirige una entidad privada.
Malversación,
apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes:
Cualquier desviación
de bienes,
fondos, títulos públicos o privados o cualquier otro elemento de valor
que se haya encomendado a una funcionaria en ejercicio de sus funciones
puede ser tipificado como malversación, apropiación y desviación
indebida.
Tráfico de
influencias:
El abuso de influencia
real o
supuesta para obtener un beneficio de una administración o autoridad
del Estado en provecho de quien provoca el acto.
Abuso de
funciones:
Hacer u omitir un acto
violando la ley.
Enriquecimiento
ilícito:
Incremento
significativo del
patrimonio de una funcionaria pública respecto a los ingresos legítimos
que no se puede justificar de manera razonable.
Encubrimiento
y obstrucción a la justicia:
Encubrimiento
intencionado y
retención de bienes como producto de cualquier delito. También cuando
se utiliza la fuerza física, las amenazas, la intimidación o la promesa
de un beneficio a una persona para que presente falso testimonio u
obstaculice la prestación de testimonio a la aportación de pruebas.
Participación
y tentativa:
Cualquier tipo de
participación en
un delito como cómplice, colaboradora o instigadora. También se
tipifica como delito la intención de participar en un acto delictivo o
la preparación de cara a cometer uno.
http://www.directa.cat
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California 94305, USA.
Aún
así, la relativamente más próspera y honesta Suecia vivió, el 28 de
febrero del año 1986, el asesinato de su primer ministro Olof Palme,
sin que sus verdaderos ejecutores, pagados probablemente con dinero
anónimo, nunca hayan rendido cuentas ante la justicia, demostrando una
vez más la eficacia del dinero anónimo para eludir cualquier medida en
favor de la transparencia y la honestidad.