La progresiva mecanización y telematización de los diferentes procesos productivos, en todos los sectores, conlleva una disminución drástica de la labor realizada manualmente por el ser humano. Esto supone que cada vez haya menos trabajo remunerado a hacer por las personas, haciendo que las cifras de paro se incrementen cada vez más. Los trabajadores con trabajo que no tienen una muy alta capacitación ven empeorados sus salarios y sus condiciones laborales debido a la concurrencia de un mayor número de candidatos en paro para ocupar su mismo puesto.
Si a esto añadimos la cada vez mayor concentración de empresas en un cada vez más reducido número de propietarios, la tendencia actual consiste en que todo el trabajo estará hecha por máquinas y robots, propiedades de un solo propietario, el cual no podrá dar salida a sus stocks indefinidamente acumulados, debido a que el resto de la población quedará en paro sin ningún ingreso y, por tanto, en plena indigencia.
Para cambiar esta dinámica, dentro del Centro de Estudios Joan Bardina se ha elaborado un modelo político, económico y social que incluye la propuesta de la Renta Básica, que permite eliminar la miseria material de las personas que no tienen ningún ingreso, dando salida a los stocks de productos de primera necesidad y que tienen una mínima garantía de calidad. No se trata aquí de intentar eliminar el mercado como se hizo en tiempos de la antigua Unión Soviética, donde la gente hacía largas colas para comprar los escasos productos básicos de primera necesidad, y donde tenía que ir al mercado negro para adquirir estos mismos productos de primera necesidad y otros. Se trata de establecer un mercado claro y transparente donde participen todos sus agentes sin excepción y que no queden marginados los más débiles.
A esto hay que añadir la forma como esta renta básica es financiada. Sólo con una moneda telemática nominativa y con un mercado transparente se puede hacer un cálculo preciso de la masa monetaria que se puede inventar para hacer efectivo este gasto dentro de una comunidad con moneda propia. Agustí Chalaux (1911-2006) apunta que las rentas producidas por los inventos que ya no tributan derechos de patente y los excedentes de productos de primera necesidad son dos posibles manifestaciones de esta riqueza escondida, que Agustí llamaba capitalismo comunitario. Hasta el punto de que el propio Agustí decía que el comunismo libertario se produciría el día que las rentas del capitalismo comunitario sean superiores a las del capitalismo privado.
Recordemos aquí como Agustí Chalaux nos recordaba, a su vez, como Bélgica aprobó el llamado Minimex, o salario social, un concepto precursor de la Renta Básica: «Sin el Minimex, un tercio de los parados sin subsidio se dedicaría a la delincuencia, la prostitución, el tráfico de drogas, y una parte ingresaría en prisión, con los gastos políticas presupuestarias y gastos sociales que todo ello conlleva. Un tercio más de los parados sin subsidio se dedicaría a la medicidad, asaltando los indigentes a las personas a su paso por las vías públicas, algunos de los indigentes necesitarían comedores y dormitorios públicos para subsistir; otros indigentes morirían en la calle, todo ello, más gastos. Finalmente, el tercio restante aceptaría ir a trabajar, pero como en el fondo son perezosos y no les gusta trabajar, molestarían a sus compañeros de trabajo y promoverían huelgas innecesarias, todo ello más gastos que se pueden evitar. Por todos estos motivos, sale más a cuenta implementar el Minimex».
Directa 316. Jueves, 9 de mayo de 2013. Así está el patio. Página 6.
Derechos.
Se inicia la recogida de firmas para que el Parlamento catalán apruebe un subsidio para las personas sin ingresos.
Renta Garantizada Ciudadana: una ILP de supervivencia.
Mariana Cantero
@ La_Directa
LOS DATOS DE LA POBREZA:
902.300 PERSONAS EN PARO.
24,53% DE LA POBLACIÓN.
267.000 HOGARES CON TODAS LAS PERSONAS ACTIVAS DESOCUPADAS.
23.100 MÁS QUE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.
Diferentes agentes sociales se pusieron en marcha, en 2011, para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir la implementación de una Renta Garantizada Ciudadana (RGC): una prestación económica de hasta 660 euros que percibirían aquellas personas que no tienen ingresos o que lo tienen, pero mínimos. Con el Estatuto de Cataluña en la mano (el artículo 24.3 dice que «las familias o personas en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una Renta Garantizada Ciudadana que les garantice una vida digna») y en el actual contexto de crisis, sindicatos como UGT, CCOO y IAC, la Asamblea de Trabajadores y trabajadoras paradas de Barcelona, entidades como Attac-Acordem o Justícia i Pau y partidos como ERC, ICV y el PSC han puesto en marcha motores para empezar a recoger las firmas necesarias para la admisión a trámite de la iniciativa, que deberán entregar antes de octubre de este año.
«La iniciativa de la RGC nace de una realidad caótica, del crecimiento de la pobreza y de que el Estatuto de Autonomía de Cataluña recoge el derecho de tener cubiertas las necesidades básicas. Con este marco legal que reconoce este derecho, impulsamos una ILP para que el Parlamento de Cataluña haya, como mínimo, de debatir sobre el tema», explica Cristina Faciaben, secretaria de Socioeconomía de CCOO, uno de los sindicatos impulsores de la iniciativa. En el año 2011, se conformó el grupo promotor de la iniciativa, que nueve meses después constituyó la comisión promotora, con un listado de miembros que se presentan de manera individual, aunque pertenezcan a diferentes colectivos (como los secretarios generales de CCOO y UGT o de otras entidades). «En el marco de esta comisión promotora, se aprobó el texto de la ILP», relata el portavoz de la Coordinadora de las Asambleas de parados de Cataluña, Diosdado Toledano.
El texto se presentó con el segundo gobierno de Mas constituido, un ejecutivo que, en principio, se muestra contrario a tirar adelante la RGC alegando motivos económicos. Finalmente, la presión social, las manifestaciones de paros y la actuación de diferentes grupos políticos hicieron que, el 12 de marzo, el Parlamento admitiera a trámite la iniciativa por unanimidad. Desde entonces, se han convocado las fedatarias, cerca de 225 personas que dan fe de que las firmas son válidas. «Ya tenemos los pliegos para recoger firmas y ahora tenemos cuatro meses, prorrogables a dos más, para recoger las firmas. Nuestra idea es aprovechar este tiempo para explicar la iniciativa, el contenido del texto, a la ciudadanía y generar una conciencia y movilizar a la gente», dice Toledano.
Falta de voluntad política.
¿Después de que el gobierno español del PP haya tumbado la ILP por la dación en pago y ante el conocido argumento económico de que no tenemos dinero, es factible presentar una iniciativa de este tipo y llegar a conseguir el objetivo? «Desde el primer momento, la consellera de Bienestar Social ha manifestado la imposibilidad de llevar a cabo una renta de estas características. Pero nosotros no queremos entrar en discusiones sobre la viabilidad económica de la iniciativa porque la vemos como una necesidad, creemos que es una cuestión de voluntad política. Hay otras cosas que no son importantes para las personas que no resuelven sus problemas del día a día y, por tanto, el dinero debe salir de donde sea. Los políticos tienen la obligación de atender las necesidades de las personas. Aparte, la implementación de esta medida puede repercutir positivamente en una reactivación del consumo, que ahora está medio muerto porque la gente no tiene ningún tipo de capacidad de compra», contesta Faciaben.
«Nosotros optamos por la RGC para dirigirla a la gente que no tiene ingresos o que casi no tiene. Calculando con el Indicador Público de Renta a efectos Públicos (IPREM, que ha sustituido al salario mínimo como parámetro) -en Cataluña son 537 euros al mes por doce pagas-, exigimos 664 euros, una cifra pequeña para poder vivir, pagar un alquiler y comer. Es más que el PIRMI, pero no mucho», valora Toledano, que añade que el argumento del déficit presupuestario que esgrime la administración en este sentido no es válido.
«El coste total de la RGC son cerca de 2.000 millones de euros, un 6% del presupuesto de la Generalidad. Su respuesta es que la aplicación de esta medida en el contexto actual no es posible, pero ese dinero se pueden sacar de políticas de ingresos, porque la RGC debería ponerse en marcha lo antes posible. Nosotros presionaremos para que sea así. Contrariamente al gobierno, que dice que no nos lo podemos permitir, nosotros decimos que no podemos permitir estas situaciones. Cataluña no se puede permitir que la gente viva así». Aunque Toledano reconoce que la solución, a largo plazo, pasa por cambiar las políticas para generar empleo, dice que la necesidad inmediata exige dar una respuesta rápida a la población que no cobra ninguna prestación.
Diferencias entre Renta Básica y Renta Garantizada Ciudadana.
La Renta Básica es una prestación económica que da el Estado sin tener en cuenta condicionantes de ningún tipo, ya sea edad o ingresos, ni pedir ningún tipo de requisito a cambio, como demostrar que se está desarrollando una búsqueda activa de trabajo. Aunque hay diferentes interpretaciones sobre el tema, la economista marxista Miren Etxezarreta explica que «es una renta obligatoria y universal para toda la ciudadanía, sin contrapartidas, sin requisitos y que tampoco implica un control sobre las personas que la reciben, porque todo el mundo tiene derecho. Es un derecho universal, como si fuera la educación. La podría recibir la hija de un inmigrante o la de Botín. Pero esto, dentro de un sistema capitalista, es casi imposible de implementar porque no hay voluntad».
La Renta Ciudadana es una reinterpretación de la primera, una adecuación del concepto, pero que parte de una concepción de los derechos sociales muy diferente, porque sólo pueden acceder las personas que reúnan una serie de requisitos. Sólo tienen derecho a percibirla aquellas personas que están en paro, no tienen ingresos y/o cumplan unos parámetros determinados por el Estado. Ni es universal ni otorga sin contrapartida. La renta ciudadana, pues, constituye una renta de asistencia.
Detrás de estas dos opciones, hay diferentes concepciones de la teoría económica y del reparto de la riqueza que genera un país, con la consecuente disputa entre diferentes corrientes de pensamiento. «Deberíamos luchar por una renta básica que sea universal, no entiendo la obligación de cumplir con determinados requisitos, de decir a la gente que tiene que ir a trabajar cuando no hay trabajo. Como quieren que trabaje, la gente, si no hay trabajo? Hay que ir hacia la universalidad. Pero, en las condiciones actuales, luchar por una renta garantizada para las más pobres es una emergencia, entonces creo que esta bien», valora Etxezarreta. Sin embargo, la economista cree que lo más adecuado es la generación de empleo, un hecho que implicaría que la gente no tenga que cobrar ningún tipo de subsidio.
José Iglesias, sociólogo y economista, un poco más allá y relaciona la renta garantizada a un tipo de ayuda a la mano de obra barata, que exige hacer una distinción entre «El pobre auténtico» y el que finge serlo, una tarea que históricamente «ha sido administrada por una relación de convivencia entre el Estado y la Iglesia». La existencia de este tipo de ayudas, añade Iglesias, colabora a forjar un «estigma del subsidiado» y promueve la economía sumergida, sin olvidar que «los requisitos expuestos exigen que los posibles beneficiarios sean pobres de auténtica solemnidad».
Las experiencias de Canadá, Brasil y el País Vasco.
No hay ningún país donde se aplique la renta básica como prestación de derecho universal a la que puedan tener acceso todas las ciudadanas, pero los territorios donde se han implantado las medidas que se podrían acercar más a una renta básica universal son el Canadá y Brasil.
Canadá es el país que se encuentra más cerca de aplicar una renta de este tipo, ya que todas las personas jubiladas (a partir de los 65 años) tienen derecho a una prestación acumulable a la pensión. El dinero que el Estado canadiense destina a esta prestación provienen de los impuestos que se aplican a la industria extractiva del petróleo.
Brasil, por otra parte, aprobó, en 2004, una ley que establecía el derecho de cobrar una renta básica para todas las ciudadanas y extranjeras que hace más de cinco años residiendo en el país; esta normativa, sin embargo, todavía no se ha llevado a la práctica. El Estado francés es uno de los territorios donde el tema se ha llevado al debate público, pero, hasta ahora, sólo se ha conseguido que el gobierno reconozca que este tipo de ayudas son útiles para paliar la pobreza.
En cuanto a España, la Comunidad Autónoma Vasca es la que tiene una prestación económica, en este caso, un PIRMI «mejorado», según voces expertas, ya que, si se concede, la administración tiene la obligación de pagar. Esta prestación es vinculante, es decir, la administración no puede alegar excusas presupuestarias para no hacerla efectiva.
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