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 The Guardian. Lunes, 6 de Noviembre de 2017.
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Carles Puigdemont: «No se trata meramente de Cataluña. Se trata de la propia democracia».
Traducción al castellano: Ser y Actuar.
España ha impuesto una agenda política que va contra la voluntad de la mayoría de catalanes. Defenderemos nuestros derechos hasta el final.
Fotografía: Manifestantes en las afueras de la Audiencia de Madrid, luego que ocho consellers catalanes fuesen sometidos a prisión preventiva el 2 de noviembre de 2017. Anadolu Agency/Getty Images.
Catalunya es en estos momentos el único territorio de la Unión Europea al que se le ha denegado la suprema ley que sus ciudadanos votaron; el parlamento que sus ciudadanos votaron; el presidente que este parlamento eligió, y el gobierno que este presidente designó en el ejercicio de sus poderes. Actuando de forma arbitraria, antidemocrática, y en mi opinión, de forma ilegal, el Estado español ha decidido disolver el parlamento catalán en mitad de su legislatura, destituyendo al presidente y al gobierno catalán, para intervenir en nuestro autogobierno y en las instituciones que los catalanes han estado construyendo durante siglos en nuestra nación. Ha llevado a cabo una brutal ofensiva judicial para conseguir el encarcelamiento y criminalización en masa de aquellos candidatos promoviendo ideas políticas que, hace solo dos años, obtuvieron los niveles históricamente más elevados de apoyo público.
A día de hoy los líderes de este proyecto democrático están acusados de rebelión y afrontan las penas más severas del código penal español, las mismas aplicadas para casos de terrorismo o asesinato: 30 años de cárcel. El vicepresidente y siete consellers del gobierno catalán llevan encarcelados desde el pasado martes, así como dos líderes civiles catalanes, a la par que se han emitido órdenes de detención para el resto del gobierno catalán. Es un atropello colosal que tendrá graves consecuencias.
Recordemos un factor clave: en las elecciones del 27 de setiembre de 2015, Junts pel Si, ganador indiscutible, defendía un programa en el que explícitamente se comprometía a declarar la independencia y a celebrar elecciones constituyentes. Los votantes que nos dieron su apoyo supieron en todo momento cual era nuestro objetivo. Sin embargo, dos años después de aquellas elecciones somos acusados de sedición, de conspiración y de rebelión por llevar a cabo un programa electoral que nosotros nunca ocultamos.
Extraña conspiración esa que recibe el voto popular. Las elecciones del 2015 arrojaron una clara mayoría a favor de la independencia catalana: 72 escaños sobre 135. De los 135 escaños sólo 53 fueron a parar a candidatos que explícitamente rechazaban la idea de un referéndum de independencia. Sin embargo ahora el gobierno legítimo catalán ha sido ilegalizado, el parlamento catalán ha sido disuelto, y se ha impuesto una agenda política que no tiene nada que ver con la voluntad de la mayoría.
Es por ello que seguiremos denunciando al mundo entero las graves deficiencias democráticas que ahora son evidentes en España.
No cabe duda de que lo que debe prevalecer es la voluntad de la mayoría de ciudadanos, y el respecto a los derechos fundamentales incluidos en los tratados internacionales firmados por el reino de España, e incorporados también a su constitución. Pero lo que tenemos en lugar de eso son dos niveles de democracia en España: se puede pertenecer a un partido a favor de la independencia, pero solo si no gobiernas. Si cumples con tu compromiso electoral se te acusará de rebelión. Y si estás contra la independencia, pero careces de fuerza parlamentaria para gobernar, el poderoso Estado saldrá en tu defensa.
El sistema judicial español tiene sus propias deficiencias, particularmente serias. Hay una clara falta de independencia y de neutralidad, con vínculos entre el poder judicial y el gobierno que a todos resultan visibles. Incluso a nivel de procedimiento, los casos legales contra los líderes catalanes contienen tantas irregularidades que resulta difícil creer que el acusado pueda contar con cualquier tipo de garantía formal.
El Estado ha mostrado su determinación de despojar a los funcionarios públicos de sus derechos, y la justicia española ha sido colocada al servicio de la agenda política gubernamental. Ningún crimen cometido en nombre de la unidad del país será nunca enjuiciado: ni la violación del secreto de la correspondencia postal, ni las repetidas limitaciones del derecho a la libertad de expresión, con bloqueos de páginas web sin autorización judicial, ni las detenciones efectuadas sin orden judicial, ni la acreditación de un cuerpo policial al margen de la ley para perseguir ilegalmente a los líderes políticos pro independentistas y de la izquierda española.
En manifestaciones convocadas por el partido que gobierna en España, grupos de la ultra derecha radical (herederos directos del régimen de Franco, tales como la Falange Española) han desfilado, algunos esgrimiendo pancartas fascistas y haciendo saludos nazi, mientras iban coreando consignas pidiendo mi encarcelamiento y ejecución. El clima de hostilidad se resume con el grito «¡A por ellos!» lanzado por muchos ciudadanos españoles mientras ovacionaban a las patrullas policiales de todo el Estado que se desplegaron para impedir el referéndum del 1 de octubre, en un esfuerzo realizado por tierra, mar y aire que parecía una campaña militar para ocupar un territorio rebelde.
¿Alguien piensa todavía que el gobierno catalán cesado puede esperar una audiencia imparcial e independiente, no influenciada por la presión política y mediática? Yo no. Ese es el motivo por el que, más allá de seguir defendiendo la legitimidad de nuestros actos políticos, defendemos el derecho de querer la independencia de Cataluña, para defender un modelo de sociedad en el que nadie tenga miedo del poder del Estado.
Tengo el deber de solicitar justicia para todos nosotros. Verdadera justicia. Para traer luz a todas las zonas oscuras en las que el Estado se ha permitido cometer abusos inaceptables. Y para hacerlo necesitamos que se permita el escrutinio en el extranjero. Por encima de todo, este conocimiento sirve para solicitar una solución política en vez de judicial al problema.
El Estado español debe honrar lo que se dijo en tantas ocasiones durante los años de terrorismo: si se pone fin a la violencia podemos hablar de todo lo que sea. Nosotros, los partidarios de la independencia catalana, nunca hemos optado por la violencia, al contrario. Pero ahora encontramos que todo no era más que una mentira cuando se nos dijo que todo estaba abierto a debate.
Puede que resulte incómodo para quienes le han ofrecido su apoyo ciego e incondicional al gobierno de Mariano Rajoy, pero defenderemos nuestros derechos hasta el final. Porque está en juego mucho más que nuestros futuros personales, está en juego la propia democracia.
Carles Puigdemont, 130º presidente de Catalunya en 2016.
Enlace del artículo original en inglés:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/06/carles-puigdemont-catalonia-democracy-spain-catalans?CMP=Share_iOSApp_Other
Enlace de la traducción original al castellano:
https://seryactuar.org/2017/11/06/carles-puigdemont-no-se-trata-meramente-de-cataluna-se-trata-de-la-propia-democracia/
