Según el testimonio de Agustí Chalaux (1911-2006), él nos recuerda que antes, en el Estado francés, había una ley que establecía que toda persona que demostrara que era pobre e indigente tenía derecho a un salario social, una renta vitalicia pagada por el mismo estado.
El problema era que, cuando una persona pobre iba a pedir el cumplimiento de este derecho ante el funcionario correspondiente, el funcionario le pedía al pobre un primer documento para hacer el trámite. Cuando el indigente había conseguido entregar al funcionario este documento número uno, entonces el funcionario pedía al indigente el documento número dos, y así sucesivamente, hasta que la pobre persona indigente se cansaba de solicitar su renta.
Para intentar resolver esta situación, una fundación creada con fines benéficos se dedicaba, una vez al año, a acoger a una persona indigente, contratar un buen abogado, y hacer que éste se presentara ante el funcionario con el indigente y todos los documentos necesarios para tramitar esta renta.
Entonces el abogado, dirigiéndose al funcionario, le decía: «Señor funcionario: aquí tiene esta persona pobre. Aquí tiene también todos los documentos necesarios para tramitar su renta. Haga el favor de gestionar la renta de esta persona».
Entonces el funcionario se veía obligado a tramitar la pensión del pobre indigente, cabreado, porque, en el fondo, al funcionario no le gustaba trabajar.
Esta anécdota contada por el mismo Agustí ilustra lo que él llamaba «burrocracia», los excesos de las administraciones públicas, repletas de personal, que a menudo paralizan la posible acción de algunos políticos con buena voluntad.
Contrasta esta situación con el propósito del Sistema General, diseñado por el equipo del mismo Agustí Chalaux, de abolir el poder sobre las personas, sustituyéndolo por el mando responsable, y establecer el poder automático sobre las cosas, minimizando la «burrocracia».
Una de las medidas que propone el Sistema General para el día de su aplicación es una transición destinada a disminuir al máximo el número de funcionarios, pagando a los empleados cesantes, si es necesario, el doble del salario que tenían, para que, con este sacrificio económico, -un sacrificio que es temporal de acuerdo con la vida que le queda a estas personas-, faciliten la transición hacia el nuevo sistema.
A continuación, compartimos con vosotros un muy aconsejable artículo que ilustra este problema a nivel del Estado español.
Brauli Tamarit Tamarit.
Miércoles, 20 de julio de 2016.
Ara. Sábado, 17 de julio de 2016.
Economía. Análisis.
El poder oculto que gobierna España.
Una nebulosa de técnicos del Estado impregna toda la administración hasta bloquearla cuando le conviene.
Àlex Font Manté. Jefe de Economía. Actualizada el 16/07/2016. 19:40.
La soberanía del pueblo español recae en el Congreso, en teoría, según la Constitución española./J.J. Guillén/EFE.
Àlex Font Manté.
Conversación con uno de los líderes empresariales catalanes con peso en Madrid. La experiencia en la capital de España le permite conocer sus laberintos como pocos catalanes, y la charla termina derivando en una explicación de cómo funciona el Estado. «Los políticos de aquí -proclama con rotundidad- no tienen ni idea de cómo funciona el poder en Madrid. Van con el lirio en la mano. Allí manda una tecnoestructura brutal». Este mismo empresario explica como había pactado con el partido del gobierno unas enmiendas a una ley, pero unos días después se encontró que «los de la tecnoestructura tumbaron las enmiendas». «La tecnoestructura tiene más poder que los ministros», sentencia.
Para quien no esté acostumbrado, el panorama que dibuja es inverosímil. ¿Técnicos del Estado tumbando cosas que ordena un ministro? Ejemplos, hay muchos.
Encuentro reciente con un organismo supervisor. La conversación termina desembocando en esta misma cuestión. «La tecnoestructura lo domina todo», lamenta uno de los directivos. «La administración española está llena de técnicos. Todos estos técnicos eran las élites del franquismo y no han digerido que esto ahora es un estado de las autonomías de tipo casi federal. En la transición a la democracia llegaron a un pacto tácito con el Estado, en el que dijeron: «Nosotros os dejamos, a los líderes políticos, vuestro espacio de discrecionalidad política [mientras dice eso separa un par de centímetros los dedos pulgar e índice para indicar que, en realidad, es un espacio muy pequeño], pero nosotros pilotamos el resto»».
El relato, más aterrador si se tiene en cuenta que quien la explica conoce la cuestión muy a fondo, prosigue: «Los peores son los interventores, que están en todas partes. Los interventores, como están esparcidos por todos los rincones de la administración, viven de tener información de todo el mundo, y pueden paralizar el Estado si quieren. Después de los interventores vienen los abogados del Estado y los inspectores de Hacienda... los economistas del Estado no mandan tanto porque están menos organizados. Pero el resto no hacen más que socializarse juntos todo el día: hacen comidas, cenas, organizan campeonatos de golf... pasan todo el día juntos, y se protegen entre ellos. Bloquean lo que no les gusta. Y se blindan los privilegios: cuando alguien quiere que los interventores de un organismo determinado cobren menos, entre otras cosas porque no cobren más que el presidente de ese organismo, ellos lo impiden».
Ha habido personas que han intentado restar poder a esta tecnoestructura, pero han fracasado con estrépito. Por ejemplo, Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas en la era de Zapatero. Sevilla creó algo llamado AEVAL, una agencia estatal de políticas públicas nacida en 2006 para tutelar la administración y obligarla a ser transparente. Pocas personas recuerdan la AEVAL, pero, por sorprendente que parezca, todavía existe. Su objetivo, se explica en la web, es implantar «un nuevo modelo de gestión pública» basado en la «responsabilidad, eficiencia, participación, apertura y coherencia». El AEVAL es el símbolo de cómo funcionan las cosas en el Estado: llega un ministro con decisión, la tecnoestructura le dice que sí a todo, pasan los días y aquel proyecto ambicioso cada vez lo es menos y, finalmente, el organismo simplemente sobrevive en el limbo, quizá por vergüenza de eliminarlo. Los proyectos a menudo no mueren sino que quedan bloqueados, y así se les acaba la vida. Esto ocurre también en otras administraciones autonómicas, como la catalana, pero en el Estado el poder de bloqueo es muy superior, ya que la tecnoestructura estatal influye y decide en temas más importantes.
A veces, sin embargo, la tecnoestructura liquida los proyectos a plena luz del día. Un caso claro fue el traspaso de la gestión del aeropuerto de El Prat a la Generalitat, una cuestión que parecía que se incluiría en el Estatuto de 2006. Aunque parecía que Zapatero lo aceptaría, finalmente emergió un bloqueo oculto que impidió el traspaso. Es el mismo obstáculo inexplicable que tiene hoy en día el corredor mediterráneo. Un empresario vinculado con el proyecto asegura que ni la ministra de Fomento sabe explicar el motivo de los retrasos. Es la tecnoestructura en su esplendor.
Por último, una conclusión. Estas deficiencias administrativas, e incluso democráticas, no aparecen por arte de magia ni porque en un territorio las personas sean mejores o peores. Son el resultado de una consolidación de malas prácticas y de la inexistencia de elementos de control sobre la administración y de contrapesos en el sistema político. La pregunta es, ¿lo tiene claro quién quiere construir una república catalana?
Enlace del artículo original en catalán:
http://www.ara.cat/economia/ocult-que-governa-Espanya_0_1615038551.html
